Policías y guardias civiles creen que puede causar más delincuencia

Marlaska niega que el apagón nocturno provoque inseguridad en las calles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este viernes que el plan de ahorro energético que ha aprobado el Gobierno, que incluye el apagado de edificios públicos y escaparates, vaya a provocar un aumento de la inseguridad en las calles y ha insistido en que se trata de medidas necesarias que son fruto de un acuerdo con la Comisión Europea.

 

Preocupados por la inseguridad en las calles de noche, desde la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, declaran que "no es de sentido común" y avisan del incremento de delitos y robos que sucede cuando unas zonas tienen menos luz, dejando vía libre a la clandestinidad nocturna.

 

"Es un debate que en el aspecto de la seguridad no tiene sentido alguno", ha dicho sin embargo Marlaska en una entrevista en TVE. A su juicio, "a quien corresponde garantizar una iluminación adecuada, unas condiciones de seguridad, es a las instituciones públicas y no a las entidades privadas, a los comercios".

 

En este sentido, ha remarcado que son las instituciones públicas, y al Ministerio de Interior en su ámbito, a quienes corresponde "dotar de la seguridad necesaria al conjunto de la sociedad", así como ofrecer "servicios públicos que puedan garantizar el desarrollo adecuado de la vida de los españoles".

 

ESTAMOS EN EL 'NO A TODO'

 

En todo caso, y ante la discrepancia de algunas comunidades autónomas para adoptar este primer paquete de medidas, el ministro ha lamentado que se obvie la realidad y la situación energética. "Me parece que estamos demasiado enfocado en 'a todo el no'", ha asegurado.

 

Marlaska ha recordado, además, que esta norma se ha dictado consecuencia de un acuerdo previo de la propia Comisión Europea una semana antes "por la necesidad inmediata de proceder a un ahorro energético del 15 por ciento". "No podemos obviar eso", ha remarcado.

 

"Es una norma necesaria de dictado automático y es una norma razonable", ha insistido, a la par que ha asegurado que no se va a ver afectado "en modo alguno" el bienestar de la sociedad ni tampoco los procesos productivos necesarios para el desarrollo económico.