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Jueves, 14 de Julio de 2022
Actual presidenta del Parlament catalán
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Borràs por dar contratas a dedo
La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
![[Img #131043]](https://madridpress.com/upload/images/07_2022/212_parlct14jjbb.jpg)
En su escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía acusa a Borràs, presidenta de JxCat, de los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil por fraccionar contratos de la ILC para poder adjudicárselos a su amigo Isaías Herrero sin concurso público, con el "agravante" de ejercer un cargo público.
El Ministerio Público también pide la misma pena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Herrero por los mismos delitos y en calidad de "cooperador necesario" de Borràs.
ABUSO DEL CARGO
Con estas peticiones, la Fiscalía ha dado respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que hace dos semanas procesó por segunda vez a la presidenta del Parlament por "abusar" presuntamente de su cargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y la dejó a un paso de juicio a la espera de que se pronunciaran las partes.
El magistrado del alto tribunal catalán Josep Seguí, cree que hay suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs. En concreto, se investiga si, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros por 18 contratos.
La decisión del TSJC pone en peligro el futuro político de Borràs, que podría perder su escaño en el Parlament en función del artículo 25.4. del reglamento de la Cámara catalana, que establece que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios "si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta", dada la naturaleza de los hechos imputados.
Borràs ha ido reiterando en los últimos meses que no se siente "interpelada" por dicho artículo y asegura que no ha cometido ningún delito, por lo que ha pedido al resto de partidos independentistas (ERC y la CUP) no ejercer de jueces.
En su escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía acusa a Borràs, presidenta de JxCat, de los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil por fraccionar contratos de la ILC para poder adjudicárselos a su amigo Isaías Herrero sin concurso público, con el "agravante" de ejercer un cargo público.
El Ministerio Público también pide la misma pena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Herrero por los mismos delitos y en calidad de "cooperador necesario" de Borràs.
ABUSO DEL CARGO
Con estas peticiones, la Fiscalía ha dado respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que hace dos semanas procesó por segunda vez a la presidenta del Parlament por "abusar" presuntamente de su cargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y la dejó a un paso de juicio a la espera de que se pronunciaran las partes.
El magistrado del alto tribunal catalán Josep Seguí, cree que hay suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs. En concreto, se investiga si, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros por 18 contratos.
La decisión del TSJC pone en peligro el futuro político de Borràs, que podría perder su escaño en el Parlament en función del artículo 25.4. del reglamento de la Cámara catalana, que establece que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios "si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta", dada la naturaleza de los hechos imputados.
Borràs ha ido reiterando en los últimos meses que no se siente "interpelada" por dicho artículo y asegura que no ha cometido ningún delito, por lo que ha pedido al resto de partidos independentistas (ERC y la CUP) no ejercer de jueces.
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