Contra el escándalo institucional

Con ese "vamos a los problemas reales de los ciudadanos" que ha enarbolado Núñez Feijóo, con propuestas concretas, viables, habladas con empresarios y sindicatos, consigue dos cosas: impedir que Sánchez se escude en los insultos de la oposición para descalificarla, sin hacer nada más, y, por otra parte, que Vox vuelva a su sitio. Si Sánchez quiere sobrevivir a los problemas externos --muy serios--, e internos --lo van a ser más en breve-- no tiene otra alternativa que responder a las propuestas de Feijóo, hablar con él de los problemas reales de los ciudadanos y consensuar medidas urgentes.

 

El nuevo líder del PP ha hablado también de la necesidad de reducir el aparato burocrático del Estado, por supuesto el número de Ministerios y ministros inútiles --muchos-- y el de asesores, multiplicado hasta la saciedad por Sánchez y su doble Gobierno para colocar a sus fieles, sin mérito ni capacidad en muchos casos o para tapar las carencias de algunos de los jefes, en otros.

 

Pero hay otro asunto en el que Núñez Feijóo debería ser muy exigente y, también, comprometerse para el futuro: poner fin a los nombramientos de personas afines en cargos que exigen la máxima independencia, acabar con las puertas giratorias de una vez y regular de forma clara el nombramiento de altos cargos en las empresas públicas de forma que no sean un pesebre para políticos de partido o una manera de controlar esas empresas públicas para intereses de partido.

 

El caso más sangrante en estos momentos es el de la fiscal general, ex ministra de Justicia, exdiputada por el PSOE que no ha dejado de demostrar día tras día, el grave error que fue su nombramiento ni de hacer crecer el desprestigio de una institución básica en el Estado de Derecho. El uso de la Ley Concursal para colar el futuro ascenso de Dolores Delgado y dejarla "bien colocada", pagándola los servicios prestados, es un pequeño escándalo comparado con la división en la Fiscalía motivada por su manera de actuar; por los intentos del Gobierno de cercenar la independencia de la institución; por el varapalo del Tribunal Supremo por haber nombrado a un fiscal de menores sin las "exigencias mínimas", postergando a otro con mayores méritos; por el nombramiento a dedo de fiscales pertenecientes a la asociación de la que es miembro la ministra y la postergación de los de la asociación mayoritaria... También podríamos hablar del papel de la Fiscalía en el caso catalán y de muchas otras cuestiones. Si Sánchez no releva ya a esta fiscal general, como debiera, el líder de la oposición debería decir ya cómo va a garantizar la independencia del Ministerio Fiscal que, entre otras cosas, pasa por cambiar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, para garantizar su independencia.

 

Otro tanto podríamos decir de las empresas y organismos públicos. Tras el bochornoso caso de la Agencia de Protección de Datos, Indra es el último escándalo. Nombrado presidente no ejecutivo el socialista Marc Murtra, las presiones han "conseguido" hacer dimitir a la consejera delegada, paso previo para dar poderes ejecutivos y control total a Murtra. El PSOE controla las empresas públicas --Correos, Paradores, Red Eléctrica, Aena, Renfe, Adif, SEPI, Puertos del Estado, Enusa, Loterías, Cesce, etc.-- con socialistas de toda confianza, aunque sepan poco o nada de lo que esas empresas gestionan --y sueldos que triplican o cuadruplican el del presidente del Gobierno--, y también refuerza su presencia en consejos de administración de empresas privadas donde el Estado tiene alguna participación. Aquí hay tanto poder casi como en el Gobierno y debería impedirse que donde se necesitan perfiles técnicos y profesionales idóneos, mérito y capacidad, nos acaben colocando políticos de conveniencia. De conveniencia para el poder. ¿Seguiremos así? Feijóo también debería proponer algo diferente.