El pasado marzo, la Concejalía de Vivienda informó de que estaba previsto paralizar "el desahucio para negociar un acuerdo de pago acorde a las condiciones económicas y sociales de la familia".
La familia se enfrentaba al desalojo de las viviendas públicas debido a varios impagos en la cuota del alquiler por una situación de desempleo a raíz de la pandemia, para lo que se había fijado el desalojo forzoso para el 6 de junio.
Finalmente, la mujer ha podido firmar un contrato en el que, según la Plataforma "existen algunas cláusulas abusivas relativas al momento de darse algún impago".
"Esta decisión ha sido tomada por la madre ante el temor y el desasosiego a la alternativa dada por EMSULE de verse en la calle con sus 2 hijos menores en el lapso de unos meses", agrega.
La mujer ha tenido que firmar el contrato en la calle, debido a que no se le ha permitido acceder a las instalaciones de EMSULE. "Hemos comprobado que esto no es aislado ni puntual, ya venimos sufriendo estas faltas de respeto y juego sucio desde hace varias semanas cuando se descubrió el caso de Evelyn", esgrime la PAH.
La PAH ha considerado que hay muchas cosas que cambiar "en política de vivienda" ante la existencia de varios casos en el municipio. "Seguiremos luchando por que EMSULE sea una empresa de vivienda pública para alquileres sociales para las personas más vulnerables y que actúe con más transparencia y cercanía hacia las familias y los ciudadanos en general", han destacado sus responsables.
El pasado día 7, el municipio registró el desahucio de una mujer y sus cinco hijos, tres de ellos menores y en situación de extrema vulnerabilidad, de una vivienda de la Empresa Municipal del Suelo.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.103