Ayuso tacha de "apaño" la excepción ibérica de Sánchez

 

"Creo que todas las medidas que no sean encaminadas a bajar drásticamente impuestos no van a servir. Podrán ser apaños, pero las familias españolas seguirán pagando los altos costes por luz y carburantes", ha trasladado Ayuso en declaraciones a los periodistas tras su visita al entorno de la antigua presa de La Alberca.

 

Para la dirigente autonómica, lo que hay que hacer es "bajar drásticamente impuestos" y dejar a un lado "los parches", por que las ayudas directas "están bien" pero no son la solución porque las "pagan los ciudadanos y siempre van a estar pagando impuestos en vez de ir a la raíz del problema". "Gastar menos, reducir ese gasto y reorientar fondos europeos esas son las medidas que yo creo que funcionan", ha defendido.

 

Por su parte, Sánchez ha recalcado que la "excepción ibérica" es "una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no distorsiona los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y que, en definitiva, "no distorsiona el mercado de la electricidad" europeo.

 

CONTRATO DE SU HERMANO

 

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad ha indicado que el contrato de emergencia para la compra de mascarillas vinculado a su hermano Tomás Ayuso "se podrá mover de ventanilla en ventanilla" pero ha insistido en que "no hay nada".

 

Así lo ha trasladado Ayuso tras su visita al entorno de la antigua presa de La Alberca, después de que la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, vaya a escuchar este lunes a la Junta de Fiscales de Sala antes de decidir si deja en manos de la Fiscalía Europea la investigación sobre el contrato.

 

"No hay nada distinto a lo que se ha comentado. Podrá moverse de ventanilla en ventanilla cada vez que se va a cerrar porque no hay nada y buscan una nueva para seguir mareando el tema. Que se aclaren ya unos organismos u otros porque es que es estirar algo donde no hay absolutamente nada", ha lanzado.

 

En este punto, ha recordado que Fiscalía Anticorrupción, la Cámara de Cuentas, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y funcionarios independientes ya han corroborado que "no hay nada".