La Fiscalía pide prisión para un abogado por estafar a su suegra

 

En concreto, el Ministerio Público imputa al abogado V. V. P. los delitos de estafa, deslealtad profesional y falsificación de documento público.

 

Según la Fiscalía, el letrado ofreció a su suegra en 2016 asesorarla y mediar profesionalmente en un conflicto laboral que tenía con la empresa para la que trabajaba, "actuando como abogado del Colegio de Abogado de Madrid" y aprovechando la confianza que generaba en su cliente "por ser pareja de su hija y padre de sus nietos".

 

"Guiado por el ánimo de lucro" y aprovechándose de que la mujer confiaba en él, el abogado cobró 800 euros en metálico y en mano bajo la excusa de que era la provisión de fondos precisa para poder llegar a un acuerdo con la empresa.

 

La Fiscalía sostiene que, sin embargo, nunca llegó a llevar a cabo actuación profesional alguna contra la empresa en defensa de los intereses del mujer. Pese a ello, en enero de 2017 le entregó una sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social número 32 de Madrid en el seno del procedimiento de Extinción de Contrato y Cantidad número 846/2016 por la que se estimaba la demanda formulada y se condenaba a la empresa a pagarle unas cantidades en concepto de indemnización por despido y por salarios debidos.

 

En el escrito de diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid el Ministerio público subraya que dicha sentencia fue confeccionada por el propio acusado "o por otra persona a su ruego", ya que era "íntegramente falsa" puesto que ni en dicho órgano judicial ni ningún otro existía procedimiento alguno referido al conflicto que la mujer tenía con su empresa empleadora.

 

Por todo ello, el Ministerio fiscal reclama dos años de prisión por un delito de falsedad documental y otros veinte meses de cárcel por el de estafa, así como una multa de diez meses a razón de 10 euros diarios por cada uno de ellos.

 

A ellos se añade otros veinte meses de multa, también de 10 euros diarios, y la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado durante tres años por el delito de deslealtad profesional.