La Comunidad aprueba un millón de euros para realojar a los afectados por las obras de línea 7B

Tras esta declaración dictada por la Comunidad de Madrid inició las actuaciones, a través de la empresa Tragsa, de reubicar a los vecinos de la calle Presa 19, 21, 23, 25 y 27 de San Fernando de Henares, según ha detallado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.

 

Las actuaciones incluyen el realojamiento y manutención, mudanza a guardamuebles y custodia, gastos de transporte entre puntos de alojamiento y San Fernando de Henares, suministros de servicios en vivienda desalojada y en alojamiento de destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo, servicios inmobiliarios para realojamiento, medios para inspección y seguimiento estructural, así como trabajos de rehabilitación.

 

Este contrato tendrá una validez de cinco meses desde el pasado 21 de enero que comenzaron los trabajos. Una nota técnica realizada por una empresa de ingenieros dictaminó grave riesgo estructural de las viviendas, que supone un peligro para la integridad física de las personas que habitan en las mismas, lo que justifica la necesidad de una actuación de emergencia para proceder a su traslado inmediato.

 

"La seguridad es una de las máximas prioridades de la Comunidad de Madrid. Por ello, y tras recibir también un informe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en el que se determina que se considera necesario el desalojo inmediato de las viviendas, el Gobierno autonómico actuó de emergencia", han subrayado desde el Gobierno madrileño.

 

CONTINÚAN LOS TRABAJOS

 

La Consejería de Transportes e Infraestructuras continúa realizando trabajos continuos de auscultación con informes semanales de lecturas de movimientos; mientras Metro de Madrid hace un seguimiento paralelo de la infraestructura para que siempre esté garantizada la seguridad del suburbano y se realizan trabajos para estabilización y consolidación del terreno.

 

El Gobierno regional se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados e intensificará las inspecciones en las viviendas afectadas.