Abre diligencias por las denuncias de amenazas contra la familia

La Fiscalía investiga los mensajes de "odio" contra el menor de Canet de Mar

Page declara que el "odio social" es un "arma peligrosa"

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha incoado diligencias de investigación a raíz de las denuncias que han llegado relativas a las amenazas que habría recibido la familia del menor escolarizado en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que obliga a impartir el 25% del horario escolar en castellano. PP y Cs llevarán la próxima semana al Congreso el acoso a esta familia catalana. Por el PSOE se ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al afirmar que el "odio social" es un "arma peligrosa".

 

Fuentes del Ministerio Público confirman a Europa Press que las diligencias se encuentran aun en estado muy embrionario, "prematuro", dado que primero se deben recabar esos tuits y mensajes de whatsapp en los que presumiblemente se vertían amenazas, y luego estudiar la trascendencia jurídica del asunto. Indican que el decreto de incoación de diligencias de investigación se ha abierto por la Sección de delitos de odio.

 

Añaden estas fuentes que se incoan tras recibir dos denuncias en el día de ayer, jueves, de la asociación 'Hablemos Español' y del partido político Vox (esta segunda llegó a última hora de la tarde, explican). Dado que las denuncias son de 'extraños' al caso concreto de la familia, la Fiscalía ahora debe analizar y decidir si efectivamente se puede encuadrar en un delito de odio.

 

Por el momento no consta que la familia del menor haya interpuesto denuncia alguna al respecto, pero apuntan que, de hacerlo, la acción de la Fiscalía decaería porque prima la vía judicial.

 

EL TSJC PIDE PRESERVAR LA INTIMIDAD DE LA FAMILIA

 

Precisamente, este viernes se ha conocido también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) "adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad" de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro.

 

En una providencia consultada por Europa Press, el tribunal también afirma que son el departamento y la dirección los responsables de preservar "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo". El TSJC fijó un 25% de castellano en el grupo del menor, en respuesta a la denuncia de la familia, que pedía un 50% de escolarización en dicha lengua.

 

Este viernes por la tarde el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y el sindicato Intersindical·Csc han convocado una manifestación cerca del centro, en rechazo a la sentencia.

 

A su vez, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, visitó ayer jueves a la dirección del centro para darle acompañamiento y que tuviera "todas las herramientas para ver cómo aplica estas medidas cautelares", e insistió que la decisión del TSJC se dirige directamente a los responsables de la escuela.

 

LA DECISIÓN DEL SUPREMO

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) emitió el pasado 23 de noviembre una providencia por la que inadmitía un recurso de la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que constataba que en Cataluña "no se había garantizado al menos el 25 por ciento de horas lectivas en castellano".

 

La providencia no entraba en el fondo del asunto porque explicaba que las cuestiones planteadas se centraban en la valoración de la prueba, y estas no son recurribles en casación ante el Supremo.

 

"Lo discutido plantea un marcado carácter casuístico, en la instancia se delimitó en virtud de la prueba practicada, comprobando si existió o no incumplimiento en la utilización de la lengua castellana como vehicular en el sistema bilingüe matizado de Cataluña, comprobando en virtud del Informe aportado por la propia recurrente, que no se había garantizado al menos el 25% de horas lectivas en castellano", recordaba el Supremo.

 

Añadía a esto que "las cuestiones fácticas quedan excluidas de examen en el recurso de casación". De esta manera, el Supremo rechazaba admitir el recurso y se reafirmaba en que debe haber un mínimo del 25 por ciento de enseñanza de castellano dentro del sistema educativo catalán.

 

La sentencia del TSJC recurrida, de diciembre de 2020, estimaba parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra varias resoluciones de la Conselleria de Educación de la Generalitat en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza y obligaba a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Cataluña.

 

Esa resolución de la Sección Quinta de la Sala del Contencioso administrativo del TSJC declaraba así "la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".

 

Asimismo, analizaba la normativa sobre las lenguas vehiculares y, de acuerdo con la información requerida y aportada por la Conselleria de Educación, señalaba que la media de horas de uso del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de la Primaria, del 19% en los centros de ESO y del 26% en el Bachillerato.

 

El TSJC señaló que 5 de los 184 centros incluidos en la muestra imparten íntegramente en castellano un 25% de las áreas o materias, de las que al menos una es troncal, además del castellano, en todos los cursos o grupos: cumplen el estándar un 2% de los centros de Primaria y un 12% de los centros de Bachillerato.

 

"USO RESIDUAL"

 

Aseguraba además que de la documentación aportada y la prueba practicada se desprendía que "en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente".

 

El TSJC determinaba que esta situación resulta contraria a la Constitución de acuerdo con la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional y legitima una acción jurisdiccional contra la "inactividad" de la Generalitat, y aseguraba que el Govern no ha ejercido su competencia dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza ni ha ejercido una actividad de control.

 

PP Y CS LLEVAN EL CASO AL CONGRESO

 

El PP y Ciudadanos llevarán al próximo Pleno del Congreso el acoso que está sufriendo una familia de Canet de Mar (Barcelona) por haber solicitado más clases en castellano para su hijo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a los centros catalanes a ofrecer al menos un 25% de enseñanza en esta lengua.

 

La primera en sacar este asunto será la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciarse sobre esta polémica. "¿Considera que la actuación del Gobierno está siendo suficiente para garantizar los derechos y libertades del conjunto de los españoles?", reza su pregunta.

 

Aunque se trata de un enunciado genérico, es más que seguro que la presidenta de la formación naranja cuestione que el Gobierno no actúe ante el hostigamiento que la citada familia catalana dice estar sufriendo o que el Govern que preside Pere Aragonès no esté cumpliendo con la sentencia del TSJC.

 

LOS 'NARANJAS' PIDEN ACTUAR AL DEFENSOR

 

Precisamente Cs registró este jueves un escrito ante el Defensor del Pueblo reclamando que pusiera en marcha "todos sus mecanismos" para forzar el cumplimiento del citado fallo, que garantiza un 25% de enseñanza en castellano en Cataluña.

 

Parecidas críticas se vierten desde el PP, cuyo presidente, Pablo Casado, pidió este jueves al Gobierno que tome medidas y ampare a la citada familia catalana actuando "contra la Generalitat y contra los violentos que están escracheando y señalando a un niño que lo único que quiere es ejercer sus derechos constitucionales y fundamentales.

 

En nombre de los 'populares', la diputada Sandra Moneo aspira a que la ministra de Educación, Pilar Alegría, también hable sobre este asunto en la próxima sesión de control al Gobierno. En concreto, le preguntará "hasta cuándo va a seguir mirando a otro lado mientras se hostiga y amenaza a familias catalanas por tratar de educar a sus hijos en su lengua en su país".

 

PAGE, CONTRA LOS XENÓFOBOS

 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido a la polémica por el alumno catalán cuyos padres han reclamado que reciba un 25% de clases en castellano, lamentando que en Cataluña haya "dos o tres xenófobos" que acaben utilizando el idioma como "arma arrojadiza". "Y cuando se hace con un niño, es dramático".

 

Durante un acto en Albacete, ha dicho que el español es "de los idiomas más hablados" del mundo, "y va a seguir así"; reparando cómo en Galicia "se habla gallego sin necesidad de ofender".

 

"Me gustaría que en España todo el mundo pudiera hablar todos los idiomas que se pueda pero no utilizándolos con una piedra que arrojar", ha insistido, indicando que usarlo para atacar "va contra la propia Constitución".

 

El "odio social" es "arma peligrosa" para García-Page, quien ha afirmado que "las mismas cosas brillantes se pueden decir en inglés, catalán o gallego", pero también "las mismas tonterías".

 

PSC APUESTA POR DAR "AUTONOMÍA" A LOS CENTROS

 

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alicia Romero, considera que el catalán debe ser la lengua vehicular en la escuela y aunque ha pedido por cumplir las sentencias, también ha apostado por dar autonomía a los centros para que se adapten según su realidad sociolingüística.

 

Durante una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña, la dirigente del PSC ha defendido que el catalán sea la lengua vehicular en la escuela pero ha avisado de que se deben cumplir las sentencias judiciales, en referencia a la del TSJ de Cataluña que ordena impartir el 25 por ciento de las clases en castellano.