El estado de caos político, social y económico que se desató en Myanmar a partir del golpe de Estado que ocurrió en los primeros días de febrero de 2021 continúa progresando y elevando aún más la tensión en la nación asiática.
Este lunes, la líder depuesta Aung San Suu Kyi recibió la condena de cuatro años en prisión bajo los cargos de incitación contra los militares por una carta que su partido, la Liga Nacional de Democracia, publicó pidiendo a las organizaciones internacionales que no reconozcan a la Junta Militar; y por violar las leyes de emergencia contra el Covid-19 en 2020. Sin embargo, el tribunal redujo horas después la condena a dos años de prisión.
Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada por un tribunal capitalino que también resolvió en contra del presidente depuesto Win Myint por la misma condena y a Myo Aung, exgobernador de Naipyidó. Según indica la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, son alrededor de 10.000 los opositores privados de su libertad.
Tanto Suu Kyi como Win Myint cumplirán sus condenas donde se encuentran actualmente detenidos, un lugar que no ha sido revelado, lo que sugiere que no serán enviados a prisión.
JUICIO A PUERTA CERRADA
La Junta Militar que comanda el general Min Aung Hlaing prohibió a los abogados de Suu Kyi, que negaron todas las acusaciones en el juicio, la posibilidad de hablar con los medios de comunicación.
Gobiernos como el de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, o la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea le pidieron a la junta militar la liberación de Suu Kyi.
El golpe fue llevado a cabo por los militares después de que el Ejército alegara fraude electoral en las elecciones de 2020, cuando el partido de Suu Kyi arrasó. Sin embargo, la propia Comisión Electoral rechazó dichas acusaciones, lo que provocó un estallido de protestas generalizadas en contra de los militares.
Más de 1.300 personas murieron por la brutal represión policial y militar contra manifestantes pacíficos. Nuevas milicias resurgieron y aumentaron los choques entre guerrillas, una problemática que persiste en el país asiático desde hace décadas.
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