Dice que sus actividades internacionales son legítimas

Puigdemont niega supuestos vínculos con los servicios de inteligencia rusos

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha emitido un comunicado en el que critica y niega las informaciones que han aparecido en varios medios de comunicación sobre presuntos vínculos entre su entorno y los servicios de inteligencia de Rusia.

 

En el comunicado, la oficina de Puigdemont ha sostenido que las informaciones aparecidas tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que, a su juicio, está lleno de "falsedades, incongruencias e intoxicaciones".

 

También ha mantenido que su cuyo único objetivo es "criminalizar y desprestigiar al independentismo ante la comunidad internacional presentándolo como un elemento desestabilizador".

 

Ha afirmado que las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad y que existen "muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente, cosa que es una manipulación que perjudica claramente el derecho a una información veraz y rigurosa".

 

CONVERSACIONES PRIVADAS

 

Han señalado que la supuesta revelación de conversaciones privadas "que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Cataluña", con el objetivo --según él-- de acabar con el movimiento independentista, que ha definido como legítimo, legal y democrático.

 

Desde la oficina de Puigdemont han asegurado que todas sus actividades internacionales, así como las del jefe de la oficina, Josep Lluís Alay, y de su equipo jurídico son "perfectamente legales" y tienen por objetivo contribuir a la resolución del conflicto político.

 

También han asegurado que el fiscal de Barcelona dirigió al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona un escrito de 20 de julio donde pedía el archivo de esta investigación contra Alay al considerarla "investigación prospectiva, vulneradora de los derechos y libertades más elementales de una sociedad democrática".

 

"Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros estados si es necesario, ante la posibilidad que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantara el secreto de sumario", han añadido.