El Gobierno sólo declara catástroficos los incendios y deja fuera al Mar Menor

 

Con esta declaración, según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las comunidades autónomas afectadas podrán acceder a ayudas para atender las urgencias y lo más inminente.

 

En concreto, se ha declarado zona afectada gravemente por emergencia de Protección Civil en la comunidad autónoma de Castilla y León, fundamentalmente por el fuego en Ávila, pero también en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias.

 

El Ejecutivo ha aprovechado la puerta que dejó abierta el real decreto de medidas para paliar los daños provocados por la borrasca Filomena, e incluye en el acuerdo las inundaciones ocurridas en la Comunidad Valenciana en noviembre de 2020 y en La Rioja en junio de 2021

 

Se cubre así todas las emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.

 

La ministra ha confirmado que estas comunidades autónomas serán beneficiarias de ayudas como consecuencia de los incendios que se han producido en estos días para daños materiales pero también para daños personales, en infraestructuras, viviendas, enseres, establecimientos industriales, ganaderos, agrarios, también para personas jurídicas y si los hubiera, para las corporaciones locales afectadas.

 

En este contexto, ha destacado la "sensibilidad" del Gobierno a estas situaciones "muy dramáticas" y ha reconocido el trabajo de prevención y extinción de incendios en España, que se han visto "muy reforzados" en los últimos años, lo que permite que las labores resulten "más sencillas", gracias a este "esfuerzo colaborativo entre todas las administraciones".

 

La ministra portavoz se ha referido "especialmente" a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que con su acierto en la predicción pone el acento e interés en aquellos medios que se puedan poner para prevenir los incendios. En segundo lugar ha valorado el esfuerzo de las unidades de Protección Civil, a las brigadas contra incendios, la Unidad Militar de Emergencias.

 

A este esfuerzo atribuye que hasta el momento no se ha tenido que "lamentar ninguna pérdida de vida humana".

 

En esa línea, ha defendido la "sensibilidad" del Gobierno en la lucha contra el cambio climático y ha defendido la "diligencia" de España en la lucha contra los incendios después de haber visto "fenómenos parecidos" en otros países del entorno del Mediterráneo

 

Por último, la portavoz del Gobierno ha reconocido la reacción de la sociedad civil ante estos hechos cuya colaboración y solidaridad subyace en estos momentos tan complicados.

 

INCENDIOS E INUNDACIONES

 

De acuerdo con el Real Decreto, en todos los casos estos incendios alcanzaron tal gravedad que las administraciones competentes (las comunidades autónomas) se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de ZAEPC.

 

El Gobierno ha incluido en el mismo acuerdo a la Comunidad Valenciana y a La Rioja por las inundaciones que sufrieron entre los días 4 y 9 de noviembre de 2020 y del 14 al 16 de junio de 2021, respectivamente.

 

Esta posibilidad parte porque el Real Decreto-Ley 10/2021, de 18 de mayo, de medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, abrió la posibilidad de nuevas declaraciones de ZAEPC por hechos catastróficos acaecidos entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021.

 

En todos los casos el Ejecutivo ha considerado que se trata de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.

 

Sin embargo, los daños aún no han podido ser identificados y cuantificados con la precisión necesaria para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.

 

Aunque el Gobierno no dispone aún de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas que ha sido necesario adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado por solidaridad interterritorial y para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.

 

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil. Entre otras, se estudiará la posible adopción de medidas fiscales relativas al IBI, IAE, IVA e IRPF para compensar las pérdidas ocasionadas.

 

DESPRECIO AL MAR MENOR

 

La portavoz del PP, Miriam Guardiola, ha exigido que "si el Gobierno de España quiere denegar la declaración del Mar Menor de zona gravemente afectada por emergencia civil que lo diga, pero que no invente excusas, porque ninguno de los motivos aducidos tienen soporte en la norma".

 

Así ha reaccionado Guardiola tras conocerse la decisión del Gobierno de España de "dejar al Mar Menor fuera de la lista" y ha denunciado que "detrás de esta decisión hay motivos políticos diseñados con el único objetivo de atacar a la Región". Por ello, ha pedido que "nos digan en qué artículo de la norma se basan para denegarlo porque estos no lo son".

 

Al hilo, la 'popular' ha recordado que "en concreto, en el artículo 23 se recoge que, para dicha declaración, se tendrá en cuenta que se hayan producido daños personales o materiales, así como la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".

 

Así que, ha señalado que "si alguien del Gobierno de Sánchez hubiera aparecido durante estos 8 días, hubiera constatado, de primera mano, hasta qué punto es grave esta crisis medioambiental porque qué más quiere Sánchez que pase para tomar conciencia de ello".

 

Ante este escenario, la diputada del Partido Popular ha advertido que "tenemos un riesgo muy grande de sufrir otra DANA y que colapse el Mar Menor". Si esto sucede, Pedro Sánchez "será cómplice, porque su sectarismo es enfermizo. Le da igual un desastre ambiental y el sufrimiento de todos los vecinos de la comunidad de Murcia".

 

Y ahora "la ministra Ribera llega la última, después de una semana sin ninguna noticia y sin hacer ninguna llamada. Tarde y mal, como siempre", ha puntualizado la diputada del PP. "Después de más de una semana de sufrimiento, nadie del Gobierno de España ha hecho nada", lamenta.

 

Guardiola ha subrayado que "una vez más, es evidente el lugar que ocupa la Región de Murcia para el Gobierno de España", quien "solo se acuerda del Mar Menor para hacer campaña electoral, como en 2019, cuando Sánchez prometió todos los recursos y su recuperación". Si embargo, "dos años después recogemos cero actuaciones y cero euros, nos volvió a mentir, como es su costumbre".