¿Qué es el dumping fiscal?

 

 

El dumping fiscal es una práctica económica para aplicar en una región, comunidad autónoma o país ciertos beneficios fiscales mediante bonificaciones o deducciones de impuestos. El objetivo es atraer a contribuyentes y empresas a dicho territorio gracias a las ventajas fiscales.

 

De esta forma, cada empresa paga una determinada cantidad en concepto de impuestos dependiendo del lugar donde se encuentre su sede. Obviamente, esto da lugar a peleas entre los diferentes territorios para acoger a empresas y emprendedores.

 

El término dumping procede del inglés y está relacionado con la competencia desleal. Por su parte, la competencia desleal engloba una serie de prácticas agresivas que conlleva la manipulación o distorsión del comportamiento de los contrayentes desde la mala fe.

 

Según los economistas, el dumping fiscal es un instrumento que estimula artificialmente la competitividad de las empresas mediante las bajadas de impuestos. Pero bajar los impuestos por sí solo no implica necesariamente que se produzca un dumping fiscal. Para ello, es necesaria la mala fe y obligar al resto de territorios a bajar también los impuestos.

 

El dumping fiscal afecta a varios impuestos. El impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, los impuestos sobre bienes inmuebles, los impuestos medioambientales y los impuestos a vehículos de tracción mecánica son los más importantes.

 

 

Como regla general, el impuesto sobre patrimonio se aplica a los contribuyentes que tienen bienes y derechos superiores a los 700.000 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual (hasta los 300.000 euros). Sin embargo, la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, da a las comunidades autónomas el poder de regular dicho tributo. Por lo tanto, las propias comunidades autónomas son las que deciden si deben cobrar o no este impuesto.

La Comunidad de Madrid tiene el impuesto sobre el patrimonio bonificado al 100%. Es decir, que los contribuyentes madrileños no lo pagan.

 

No obstante, los expertos consideran que la gestión de Madrid no es dumping fiscal por el mero hecho de que la situación está permitida por la ley. Además, desde 2014 se bonifica al 100% la cuota íntegra de este impuesto a nivel estatal, pero las comunidades autónomas tienen la facultad de cambiar dicha bonificación.

 

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