Exige una fianza de 40 millones de euros

El juez envía a juicio al ex consejero Alfredo Prada por presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir juicio oral contra el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y otros cinco encausados, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo, por las presuntas irregularidades cometidas en el Campus de la Justicia (CJM), exigiendo una fianza de 40 millones de euros que tendrán que afrontar de forma solidaria.

 

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 también ha sentado en le banquillo de los acusados a Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como a Félix José García de Castro.

 

El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, liderados por Prada, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".

 

Según explicaba De la Mata, el ex consejero y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, y menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".

 

"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial", dijo De la Mata.

 

SEGUIRÁN EN LIBERTAD

 

Pedraz ha decidido que los seis continúen en libertad al considerar que "no existe la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que mantienen durante todo el proceso". No obstante, ha ratificado su obligación de "comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos".

 

Además, el magistrado, que ha identificado a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano competente para juzgar estos hechos, ha dado de plazo hasta el 21 de septiembre a las representaciones de los acusados para presentar sus escritos de defensa.

 

También les ha instado a que, en el plazo de quince días, entreguen una relación de los bienes y derechos de los que sean titulares para garantizar las futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias, conjunta y solidariamente por un total de 40 millones de euros. A este respecto, ha advertido de que "se procederá a la investigación judicial del patrimonio de los acusados y responsables civiles".

 

HASTA 13 AÑOS DE CÁRCEL

 

La Fiscalía Anticorrupción acusó a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, reclamando 8 años de cárcel para Prada y 6 años para los demás, aunque de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó 4 años y 6 meses de prisión para el ex consejero y tres años para el resto.

 

Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos.

 

En el caso de los servicios jurídicos de Madrid, plantearon penas más altas. Así, interesaron 13 años y 3 meses de cárcel para Prada; 11 años para los directivos; y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que achacaron solo delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas.

 

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público dejó en manos del Tribunal de Cuentas fijar la cuantía una vez dictada la sentencia del caso, si bien la Abogacía de la Comunidad de Madrid exigió una indemnización conjunta y solidaria por el importe total de los contratos que se habrían adjudicado ilegalmente en perjuicio de las arcas regionales: 40.482.735,78 euros.