La suma fijada es solidaria, y es la que tienen que satisfacer entre todos, aunque a cada uno de los implicados le requiere una cantidad distinta que varía en base a la función que ejercía y al tiempo que estuvo en el cargo. En concreto, el Tribunal de Cuentas reclama 1.981.453 euros a Puigdemont y 1.932.323 euros a Junqueras. El órgano fiscalizador hace recaer en el expresidente Artur Mas y en el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell la cantidad más elevada: 2.803.115 euros. Un poco menos tendrá que pagar el exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva, con una cantidad de 2.108.818 euros.
Según el documento, de los 5,4 millones, 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.
Así, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un "encuentro de delegados" y 21.175 euros por el concepto "contratos".
Por uso de locales en el extranjero de Diplocat se incluyen 3.222 euros, así como gestiones relacionadas con el 'procés' en numerosos países de la Unión Europea, así como en el Reino Unido y EEUU, Francia, Ginebra (Suiza), Polonia Alemania, que suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros.
Se reseñan igualmente contratos de las delegaciones de Diplocat en EEUU, por 92.843 euros, en Ginebra y ante la UE por 123.500 euros y de su personal en el exterior y ante la UE por 127.813 euros.
En el capítulo de actividades de promoción del proceso soberanista se consignan actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas que ascienden a 451.487 euros, así como 152.578 dedicados a debates europeos y "observación electoral".
Se consigna como uno de los capítulos más abultados el de un contrato con la empresa Diplomat, por valor de 1.392.300 euros y otro que acumula 932.125 euros que agrupa "visitas internacionales a líderes de opinión" junto a "visitas internacionales a periodistas", "análisis y prospectiva", "comunicación" y "promoción en red".
Por la demanda presentada por dos trabajadores de una oficina cerrada en Lleida se reseñan 80.232 euros, y por la plaza del jefe de la oficina de prensa, otros 134.286, a los que se añaden 17.154 del contrato de arrendamiento de Diplomat en Bruselas y varios contratos de servicios del Patronato Cataluña Mundo por 6.061 euros y 44.970 euros.
Las "ayudas a la federación de organizaciones catalanas internacionalmente reconocidas" supusieron, siempre según el Tribunal de Cuentas, 422.056 euros hasta sumar todo el expediente 5.151.156 euros de principal, que con los intereses alcanza los 5.422.879 euros.
La responsabilidad en este caso es solidaria en relación con los daños causados, aunque varía según la responsabilidad contable de las distintas administraciones, y en cualquier caso los implicados deberán hacer frente al pago si no quieren sufrir el embargo de sus bienes hasta cubrir la cantidad reclamada.
El Tribunal de Cuentas ha citado este martes a las defensas de los implicados, a la Generalitat, al Diplocat, a los Abogados Catalanes por la Constitución, a Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal para comunicar los expedientes.
Durante el trámite, a los abogados de los afectados, ya que éstos no tienen obligación de comparecer personalmente, se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán tres horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.
RESPONSABILIDADES CONTABLES
Esta es la lista de los presuntos responsables contables y las cantidades de dinero público gastado de las que el Tribunal de Cuentas les hace responsables.
--ARTUR MAS , expresident de la Generalitat de Cataluña: 2,797.993
--CARLES PUIGDEMONT, ex president de la Generalitat : 1.981.454,47
--ORIOL JUNQUERAS, ex vicepresident de la Generalitat: 1.969.154,51
-- FRANCESC HOMS, ex consejero de Presidencia: 2,952.689,85
-- ANDREU MAS-COLLEL, ex consejero de Economía: 2,791.645,42
-- RAÜL ROMEVA, exconsejero de Asuntos Exteriores: 2,108.818,32
-- ROGER ALBINYANA, ex secretario general: 38.666,56
-- AMADEU ALTAFAJ, ex representante ante la UE: 66. 609,94
-- LUIS BELTRÁN, ex secretario general: 5.122,96
-- ALBERT CARRERAS, ex secretario general: 4.291,92
-- DAVID MASCORT, ex secretario general: 1.058,79
-- JOAQUIM NIN, ex secretario general: 163.889,75
-- JORDI VILAJOANA, ex secretario general: 147.168,45
-- ALEIX VILLATORO, ex secretario general: 146.948, 57
-- MIREIA VIDAL ORTÍ, ex interventora general: 3,164.694,10
-- ROSA VIDAL PLANELLA, ex interventora: 1,8 millones
-- ALBERT ROYO, ex secretario general de DIPLOCAT: 3,6 millones.
-- PERE PUIG, delegado del Gobierno en Bruselas: 1,117, 69
-- ADAM CASALS, delegado del Govern en Austria: 136.829, 79
-- ERIK HAUK, delegado del Govern en los Balcanes: 4.794, 72
-- RAMÓN FONT, delegado del Govern en Portugal: 12.300
-- FRANCESCA GUARDIOLA, delegado del Govern en Dinamarca: 3.039,42
-- LUCCA BELLIZZI, delegado del Govern en Italia: 95.747,54
-- ANDREW SCOTT, delegado del Govern en los Estados Unidos, 241.382,47
-- EWA ADELA CYLWIK, delegada del Govern en Polonia:244.456,38
-- MANUEL MANONELLES, delegado del Govern en Suiza: 141.177, 33
-- MARTI ANGLADA, delegado del Govern en Francia y Suiza: 34.691,61
-- MARYSÉ OLIVÉ, delegada en Francia, ya fallecida: 22.725,27
-- SERGI MARCÉN, delegado en el Reino Unido e Irlanda: 177.952,73
-- JOSEP SUÁREZ, delegado del Govern en el Reino Unido: 115.103, 60
-- MARIE KATINKA, delegada del Govern en Alemania: 49.130,73
-- MAR ORTEGA, delegada del Govern en Alemania: 15.833,64
-- MARIA BADÍA, ex secretaria de Exteriores: 3.863.59
-- JORDI SOLÉ, eurodiputado: 6.363,59
PROTESTAS DE LOS ABOGADOS
El primero de los abogados en acudir a la sede de la calle Torrelaguna, 79, en Madrid ha sido el letrado del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
"Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.
En este sentido ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".
Francesc Homs, otro de los letrados en el procedimiento, que además está también investigado, también ha reprochado que los abogados se enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa.
Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.
Hay que recordar que los condenados por el 'procés' ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral del 1-O, pero solo para evitar el embargo de bienes, ya que todavía habría que pagar las responsabilidades contables.
Tras ello, quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se aborda en la comparecencia de este martes.
Las diligencias se enmarcan en una instrucción sobre el alcance contable de la acción exterior para promover el proceso independentista a través de las llamadas "embajadas catalanas" y la celebración de un referéndum que llevó a cabo el Diplocat.
Esta instrucción, que deriva de un informe de fiscalización, estaba pendiente de conclusión y ahora el Tribunal de Cuentas hace un acta de liquidación complementaria a la anterior, para la investigación de los hechos derivados del citado informe que no coincidan con los analizados en la liquidación practicada.
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