Reclama seguir en Soto para tener acceso a los ordenadores

El 'Rey del Cachopo' se resiste a dejar su autodefensa

La defensa de César Román, apodado el 'Rey del Cachopo', ha reclamado a Instituciones Penitenciarias que mantenga en la cárcel de Soto del Real a su cliente con la finalidad de poder tener acceso a los equipos informáticos para participar en la confección del recurso de apelación que se presentará para impugnar la condena a 15 años de prisión impuesta por matar y descuartizar a su pareja Heidi Paz Bulnes.

 

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la abogada del empresario solicita que se libre oficio al centro penitenciario para que le mantenga en el módulo 10, donde ha estado cumpliendo prisión preventiva desde que fue detenido en noviembre de 2018.

 

La solicitud se realiza debido a que César tiene acceso en este módulo a los equipos informáticos, un acceso que autorizó la Audiencia Provincial de Madrid poco antes de la celebración del juicio.

 

"Así César Román podrá visionar las sesiones del juicio oral y poder hacer anotaciones en dichos ordenadores a fin de participar en la confección de dicho recurso de apelación", señala el escrito de la letrada Ana Isabel Peña.

 

Durante el juicio, el empresario ayudó a su defensa a realizar gran parte de los interrogatorios al haber estado durante los meses de prisión estudiando a fondo el sumario.

 

Con el recurso, la defensa quiere impugnar la condena a 15 años de cárcel impuesta por un delito de homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género. La pena por homicidio es la máxima al quedar absorbido el delito de profanación de cadáver al entender el tribunal que se trató de una acción para encubrir la conducta homicida previa.

 

Los magistrados consideran en la sentencia que los hechos juzgados constituyen un delito de homicidio al haberse ocasionado con forma intencionada la muerte de la joven, a quien mató la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado César poco antes en la calle López Grass del distrito de Vallecas.

 

La Sala sustenta su pena en el testimonio que ofrecieron los investigadores del Grupo VI de Homicidios en el juicio, especialmente aquellos que relataron que el móvil de la víctima se halló en la vivienda en la que alquiló una habitación el condenado tras huir a Zaragoza, donde fue detenido dos meses después del crimen.