Una charla en la barra de un bar

La incompetencia de este Gobierno nos está demostrando las grandes carencias que tiene el sistema político español. Y no solo en lo que se refiere a saber si nos gustan más o menos las reglas que tiene el tablero de la Constitución del 78, sino también en lo que respecta a la calidad de las personas que lo gestionan. Es cierto que este tema infinito de conversación parecía haberse agotado tras habernos impedido nuestro derecho la libertad de reunión, pero tras meses de clausura vuelve a estar más de actualidad que nunca.

 

En la España de hoy un ingeniero, cuando firma un proyecto, para poderlo ejecutar debe asumir toda la responsabilidad que se derive de todo el proceso de esa gestión. Es decir, que si comete un daño, de una u otra forma, debe pagar por él. Dicho de una forma más clara: si el ingeniero juega mal una baza, puede perder toda la partida. 

 

Otras profesiones que también tienen especial incidencia en la gestión de bienes muebles, inmuebles, o que directamente mantienen una relación estrecha sobre el cuidado de las vidas de las personas, si cometen errores, como el ingeniero, tienen la obligación de responsabilizarse de ellos. 

 

Un sanitario, un profesor, un policía o un militar -entre otras profesiones que están relacionadas con el trato directo con los ciudadanos- debe pasar una serie de pruebas para poder trabajar. Se supone que, de esta manera, un compatriota se asegura de que ese profesional tiene menos margen de error porque posee el conocimiento necesario para ejercer su tarea. Y si se confunde al menos sabe que tiene la obligación de responder por su mala praxis. Ahora bien, ¿pasa esto con todas las profesiones relacionadas directamente con la gestión de personas? Dicho de una forma más concreta: ¿todos los políticos que ostentan un cargo público pasan algún tipo de prueba para poder ejercer su trabajo? La respuesta ya la saben. Y es no.

 

Es cierto que la votación popular podría ser la acción definitiva que les llevara a conseguir ese cargo al que se postula. Pero, ¿este hecho les confiere el conocimiento que deben tener para proteger a los ciudadanos?, ¿la voluntad de quererlo hacer bien debe primar sobre las competencias que un aspirante a político deba tener?, ¿que te vote una mayoría te otorga la habilidad para poder hacerlo bien? Pues no. Aunque puedas parecer un as, no.

 

Así que mientras muchas personas invierten años y años de esfuerzo en pasar cursos, pruebas, exámenes, oposiciones y demás demostraciones de valía y capacitación dentro del tablero del juego de la vida profesional; otros oficios de altísima responsabilidad no tienen ningún tipo de baremo competencial. Así que el ciudadano común, cada vez que hay elecciones, no solo juega a un juego en el que desconoce las aptitudes que tienen los jefes del tablero, sino que directamente tienen que confiar de la bondad del que se postula para manejar la banca. 

 

Puede ser que justamente por eso quieren ahora que nuestros hijos tengan la posibilidad de pasar de curso en muchos casos sin merecerlo. Y es que cuanto menos capacidad crítica tenga una persona; cuanto menos reflexione sobre lo que pueda decidir; cuanto menos sepa sobre el incompetente que les va a dirigir, mucho mejor para el politiquín. 

 

Pero hay evidencias que no se pueden negar. Y es cierto que no solo en los centros educativos se aprende. Una charla en la barra de un bar también enseña. Y mucho. Porque a veces no hacen falta pruebas objetivas de conocimiento para distinguir entre la mierda y la bazofia. Por eso este Gobierno está tan enfadado con los que llaman “tabernarios”. Y es que en cuanto se han abierto las terrazas, y se está empezando a echar el cierre a las reuniones por ordenador, ha sido justo cuando la gente se ha vuelto a conectar. Y eso de que las personas se reúnan, opinen y hablen libremente en la calle, a los tiranos les suele gustar más bien poco. O nada.