El documento, que analiza los nueve grandes desafíos a los que se enfrenta España y se marca 50 objetivos, no está "cerrado, es un documento vivo" y una "primera propuesta" que servirá de base para "un gran diálogo nacional" que se celebrará en los próximos meses.
Según ha dicho, ya se está trabajando con los partidos políticos y "vamos a continuar trabajando", mientras que ha recalcado que "los gobiernos municipales y autonómicos tendrán un papel fundamental y decisivo". "Mi compromiso como presidente es garantizar un debate libre y plural, en el que tengan cabida bodas las posturas", ha acotado.
Será, ha asegurado Sánchez, "un diálogo de abajo a arriba" y "abierto a todos" porque de lo que se trata, ha subrayado es de "alcanzar esa visión compartida de una nueva España hacia la que queremos caminar juntos".
"Necesitamos una visión que sea ambiciosa pero también realista, que nos inspire, que nos cohesione y nos ayude a cada uno a sacar lo mejor de nosotros mismos", ha puntualizado. Tiene que ser, ha añadido, una visión que "sobreviva al paso de las legislaturas" y que sea "política de Estado y no de gobierno".
Según el presidente del Gobierno, "debe nacer no de un ejecutivo o un partido en particular sino del conjunto de la sociedad porque solo así logrará abarcar varias legislatura y su objetivo".
La presentación se produce en una semana especialmente delicada para el Gobierno, por la crisis migratoria y diplomática sin precedentes abierta con Marruecos, tras el intento de entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta del martes. Llega también 15 días después de la derrota histórica que sufrió el PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid.
NO ES UNA ASPIRACIÓN IMPOSIBLE
"Habrá quienes consideren que es una aspiración imposible especialmente en un mundo tan polarizado como el actual, pero no es cierto", ha reivindicado, subrayando que este documento demuestra que alcanzar el objetivo fijado es "factible" y que "el debate académico, técnico, social está muy lejos de los gestos de crispación y enfrentamiento con los que a veces nos castiga el presente".
La meta que se ha marcado el Gobierno con esta estrategia es situar a España en el grupo de los países más avanzados de Europa, que actualmente componen Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia.
Así, se ha llevado a cabo un análisis del nivel de desempeño de los 27 estados miembro en base a una serie de indicadores económicos, sociales y medioambientales estándar, lo que ha permitido dividir el bloque en tres grupos y evaluar cómo España ha pasado en 30 años del grupo de desempeño bajo. El documento trata de analizar lo que habría que hacer para situarse en el grupo de cabeza, fijando con ello los 50 objetivos.
Nuestro país, ha dicho Sánchez, tiene muchas "asignaturas pendientes" y nos enfrentamos a "retos importantísimos, formidables" pero, ha sostenido, "desde 1977 España no ha hecho más que progresar y así va a seguir haciéndolo", si bien ha reconocido que "no va a ser tarea fácil".
COMPARACIÓN CON LA ESPAÑA DE LA TRANSICIÓN
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en 40 años y quienes votaron eran "hombres y mujeres muy distintos entre sí" pero a quienes unía el "sueño de alcanzar una España democrática, pacífica, próspera y diversa, plenamente integrada en la entonces Comunidad Europea", ha recordado.
Fue ese "sueño compartido" el que permitió "cohesionar a la sociedad", "navegar entre sus diferencias" y dar "sentido a muchos sacrificios y desvelos de las generaciones que nos han precedido", ha sostenido Sánchez, subrayando que "gracias a ello España progresó a una velocidad vertiginosa que en muchos aspectos resulta única".
En este sentido, ha defendido que igual que en la España de la Transición tenía sentido hablar del país que se quería construir, en la actualidad también tiene sentido "hablar de la España que tendremos y que queremos en 30 años".
El Gobierno actual, "como los que vendrán", ha dicho, "tenemos aspiraciones sino superiores al menos igual de ambiciosas que las que hace 40 años tuvieron nuestros padres y nuestras madres" respecto al futuro.
"Sentémonos a dialogar, a conversar, unamos voluntad, confianza y capacidades y decidamos qué país, qué España queremos ser dentro de 30 años", ha conminado.
Sánchez ha puesto en valor lo novedoso de este documento, que ha calificado de "hito" por tratarse del primer ejercicio de "prospectiva estratégica" en España, resaltando que los expertos que han trabajado en su elaboración junto con la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y el apoyo de distintas entidades lo han hecho "con total independencia y libertad, sin cobrar un céntimo movidos por vocación de servicio público y amor al país".
UNA PRODUCTIVIDAD UN 50% MAYOR
El Producto Interior Bruto (PIB) español podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo.
"Esto nos permitiría recortar la brecha en renta per cápita que nos separa de la UE-8", ha señalado el Ejecutivo en el proyecto 'España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo' presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Aunque desde el Ejecutivo admiten que conseguir este fuerte repunte de los niveles de productividad "puede parecer mucho", lo cierto es que varios países europeos, incluido España, ya lograron un progreso similar en el pasado reciente.
Según destaca el Gobierno, el hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación o la transición ecológica "aumentan las probabilidades de conseguirlo", según ha recalcado el Ejecutivo.
No obstante, en ausencia de mejoras de productividad, la contracción de la fuerza laboral podría hacer que la economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que España registró entre 1996 y 2019, lo que alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.
Para evitar este escenario negativo, España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema de la economía sumergida.
SIN APOYO DEMOGRÁFICO: 4 MILLONES DE PERSONAS MENOS TRABAJANDO
El problema de la baja productividad española no está, por tanto, en un determinado sector, sino que afecta a la práctica totalidad de la economía, siendo causado por cinco factores transversales que limitan la eficiencia del conjunto de nuestro tejido productivo: el capital humano, la capacidad innovadora, la implantación tecnológica en el tejido empresarial, el marco institucional, regulatorio y laboral y el funcionamiento del tejido empresarial, indica el documento.
A diferencia de lo que ocurrió en el pasado reciente, en las próximas décadas España no va a contar con el apoyo de la demografía para crecer. La mayoría de los pronósticos apuntan a que el envejecimiento de la población se traducirá en una reducción severa de la fuerza laboral, incluso si se logra mantener el saldo migratorio de las últimas dos décadas.
En concreto, apunta que la población española de entre 16 y 64 años podría caer en 3,7 millones de personas de aquí a 2050,
situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996). Esto significa que, a mediados del presente siglo, en España podría haber casi 4 millones de personas menos trabajando, generando riqueza y pagando impuestos.
Así, solo por este efecto demográfico, el país pasaría de crecer a tasas del 2% (promedio del período 1996-2018) a hacerlo a tasas del 1%. Si a este escenario de menor población en edad de trabajar, se suma una dinámica de la productividad similar a la observada durante las últimas décadas, entonces el crecimiento económico podría ser incluso más reducido: de entre 0,3% y 1,1%, en media, para el período 2023-2050.
OBJETIVOS: REDUCIR BRECHA PER CÁPITA CON LA UE A UN 10% EN 2050
Ante esto, el Gobierno ha fijado una serie de objetivos para ganar productividad, entre los se plantean reducir la brecha de renta per cápita que separa a España de la UE-8 a un 10% en 2050, además, de elevar la productividad laboral de la economía de aquí a 2050 hasta niveles próximos de los países de la UE-8.
También se proyecta aumentar la tasa de empleo del 62% al 80% antes de mediados de siglo e incentivar la I+D privada para que, junto con el impulso a la I+D pública, aproximar los niveles en 2030, al objetivo del 3% del PIB y al menos en el 4% en el 2050.
Por último, el Ejecutivo ve necesario incrementar el tamaño medio de las empresas y reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE de aquí a 2050.
EL GOBIERNO QUIERE SUBIR LOS IMPUESTOS 8 PUNTOS
El plan de Sánchez desgrana un conjunto de objetivos que, en materia de redistribución de la riqueza, pasan por elevar la recaudación fiscal hasta el 43% del PIB en 2050, ocho puntos más que ahora, y por reducir a la mitad la economía sumergida, desde el 20% al 10% del PIB.
En el documento, de unas 700 páginas, el Gobierno asegura que el sistema fiscal español recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que el de otros países europeos, situación que se agravó a partir de la crisis de 2008. Según el análisis del Gobierno, la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal se debe, por un lado, a las características del tejido productivo, pero también al "elevado" peso de la economía sumergida.
De esta forma, apunta que en 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27 y del 43% de la UE-8, por lo que el objetivo del plan 'España 2050' es situar este porcentaje en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.
De hecho, el Gobierno ha encargado a un comité de expertos un estudio sobre el sistema fiscal español, que deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022, y la intención del Gobierno es que algunos de los cambios fiscales puedan entrar ya en vigor en 2023, siempre que la recuperación económica se haya consolidado.
En el caso concreto del IRPF y del IVA, que son las figuras tributarias que más recaudan en España, el documento del Gobierno afirma que los beneficios fiscales de ambos merman su recaudación; mientras que en el caso del Impuesto sobre Sociedades sus ingresos han caído "sustancialmente" desde la crisis de 2008.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, afirma que la falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, "notablemente" su alcance.
A la vista de este análisis, propone una serie de cambios en el sistema tributario, "de forma progresiva en el tiempo", que afecten, también, a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales.
Concretamente, apuesta por ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal, y para ello, propone un "mayor escrutinio" de los beneficios fiscales manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de "efectividad, eficiencia y equidad".
ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE MÓDULOS Y ESTIMACIÓN OBJETIVA
Asimismo, afirma que los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, apuesta por racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional, con el fin de eliminar las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales en este impuesto, que acaban "sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles".
TIPO MÍNIMO EN SOCIEDADES
En el ámbito internacional, indica que se debe trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países, y añade que si finalmente no se alcanza un acuerdo en la OCDE, España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de 'Base Imponible Común Consolidada', además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en este impuesto.
La reforma "integral" de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE-15, es otro de los objetivos que se marca el Gobierno a largo plazo.
Asimismo, asegura que debe replantearse el papel del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las haciendas autonómicas "para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables", las cuales "minan" el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad.
ELEVAR LA FISCALIDAD DE ALCOHOL, TABACO Y COMBUSTIBLES
También apuesta por modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE, y por crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica.
Finalmente, y de cara a los cambios tecnológicos de aquí a 2050, el Gobierno aboga por reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.
ELEVAR LA TRIBUTACIÓN DEL CAPITAL
Igualmente, apunta que si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, "como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas", habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos.
Por ejemplo, afirma se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.
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