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Martes, 20 de Abril de 2021
No descartan apoyar el 'plan b' del PP
Los socios del Gobierno exigen a Sánchez una alternativa al estado de alarma
ERC sospecha que no quiere anunciar medidas restrictivas antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid
Los socios parlamentarios del Gobierno han exigido al presidente, Pedro Sánchez, una alternativa al fin del estado de alarma programado para el próximo 9 de mayo, y de hecho algunos no descartan incluso apoyar la tramitación del 'plan b' jurídico promovido por el PP.
![[Img #112259]](https://madridpress.com/upload/images/04_2021/1382_ps-congreso.jpg)
En la misma línea de lo que ya le trasladaron al jefe del Ejecutivo la semana pasada durante su comparecencia en el Pleno, ERC, Bildu, Mas País, PDeCAT y Compromís han denunciado que a escasos veinte días del fin del estado de alarma el Gobierno siga sin poner encima de la mesa ninguna medida que de certeza jurídica a las decisiones que las comunidades adopten a partir del próximo día 9.
Coinciden en que es el Gobierno el que debe liderar esta situación pero no rechazan la posibilidad de respaldar la tramitación de la proposición de ley que el PP registró la semana pasada y que articula un 'plan b' jurídico a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma.
La Mesa de Congreso ha calificado este martes el texto de los 'populares' pero, de entrada y salvo acuerdo de los grupos de última hora, todo apunta a que esta iniciativa no se podrá discutirse antes del día 9, puesto que las dos próximas semanas no hay previsto plenos.
Uno de los partidos más críticos con la actitud del Gobierno ha sido Esquerra Republicana (ERC). Su portavoz, Gabriel Rufián, no ha descartado apoyar la tramitación de la iniciativa del PP porque están dispuestos "a enmendar cualquier irresponsabilidad", como la que, a su juicio, supone que Sánchez comunicase a las comunidades autónomas el fin del estado de alarma "vía titulares".
"POR ENCIMA DE TODO ESTÁ LA SALUD"
"Por encima de todo está la salud", ha dicho Rufián, quien ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a crear un nuevo marco legal para no tener que recurrir a un estado de alarma "bastante nocivo" para con según qué libertades, "y nada de eso se ha cumplido". "Así que, sí, estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad como la que estamos viviendo", ha insistido.
El independentista catalán ha denunciado el "silencio" del Gobierno ante qué pasará cuando acabe el estado de alarma y ha mostrado sus sospecha de que no quiere anunciar medidas antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid en tanto que "se enfrentan a un latifundio creado por (Isabel Díaz) Ayuso" y al miedo a que les reste voto impedir a los ciudadanos "tomar cañas".
También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado la "inacción" del Gobierno que, en su opinión, "vive al día", y le ha pedido que lidere una alternativa al estado de alarma y que el paraguas jurídico que se arme se discuta y apruebe en el Congreso.
"No estoy de acuerdo con que las medidas restrictivas se puedan trocear y decidir en función de la apetencia de cada gobierno (autonómico)", ha defendido Errejón, antes de añadir que su partido estudiará la propuesta del PP pese a que, de entrada, cree que tiene aspectos "constitucionalmente delicados" y que los de Pablo Casado la han registrado a sabiendas que de no dará tiempo a discutirla antes del día 9. "El objetivo no era llegar a tiempo sino crear fuegos artificiales en campaña electoral", ha apostillado.
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, considera que el Gobierno tendría que tener "alguna posición" tras el fin del estado de alarma para que las comunidades autónomas tengan la certeza a partir del 9 de mayo de que no habrá sentencias "contradictorias" a medidas similares.
Ahora bien, ante la inexistencia de alternativas, ha avanzado que su partido "no estaría en contra" de facilitar el trámite parlamentario de la propuesta del PP porque lo esencial es "buscar soluciones" que den seguridad jurídica, vengan de quien vengan.
En el PDeCAT, el diputado Ferran Bel también ha apuntado que "lo razonable" sería que el Gobierno "reaccionase" y diese una alternativa al fin del estado de alarma para advertir de que si ésta no llega, estudiarán el texto de los 'populares'.
ES "CURIOSO" QUE SEA EL PP QUIEN LIDERE EL PLAN B
También lo analizarán en Bildu pese a que su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha señalado que el PP no le ha hecho llegar su propuesta pero, en todo caso, cree que sería "curioso" que el PP liderara un 'plan b' al estado de alarma cuando en estos meses no sólo no ha apoyado ninguna de las iniciativas para hacer frente a la pandemia sino que las ha "boicoteado".
Con todo, Aizpurua sostiene que "no es de recibo" mantener esta situación de inseguridad jurídica hasta el 9 de mayo y que hasta la fecha el Gobierno "no diga nada" cuando lo que tiene que hacer poner. A su juicio, el Ejecutivo debe acordar con las comunidades autónomas y con los partidos que le han apoyado durante el estado de alarma el paraguas jurídico para que las decisiones que se adopten a partir del día 9 no dependan de las decisiones de los jueces.
MONTERO ACUSA AL PP DE ENREDAR CON SU 'PLAN B'
Por su parte, la ministra de Hacienda y Portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de estar enredando con su propuesta de 'plan B', para modificar la Legislación que se aplique al decaer el estado de alarma, a pesar de que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez no descartan apoyar la propuesta de los 'populares'. En este sentido, ha dejado claro que los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no ve conveniente incorporarlo a leyes ordinarias de CCAA.
En este sentido, ha asegurado que la posición del PSOE en el Congreso a este respecto la tendrá que transmitir el Grupo Parlamentario, dejando claro que ella sólo transmite la postura del Ejecutivo.
Y esta es clara, se ha negado en redondo a modificar la Legislación vigente en materia de Salud Pública y se ha remitido continuamente a las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud que, según ella, son de "obligado cumplimiento".
Montero se ha centrado en atacar al PP al asegurar que la contradicción de este partido es "palmaria" porque en otras ocasiones con una incidencia de la pandemia muy superior o igual a la actual, se ha negado a apoyar la prórroga del estado de alarma en el Parlamento. Y ha recordado de paso que para algunas prórrogas se tuvieron que llevar a cabo "negociaciones muy complicadas" en el Parlamento.
Ahora, según la Portavoz, ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, están de acuerdo en no prorrogar la alarma, aunque ha puesto de manifiesto las contradicciones de los presidentes autonómicos del PP alegando que unos lo piden y otros no. "El PP está enredando con este tema y no sabe ni lo que quiere", ha espetado.
La ministra ha defendido la posición del Ejecutivo de no llevar a cabo reformas legislativas alegando que el Gobierno "considera que la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio y no se puede dejar en manos de las CCAA una restricción que está bien articulada en la Constitución".
En este sentido, ha precisado que para adoptar el estado de alarma se tienen que producir situaciones "muy excepcionales" y no ha considerado conveniente "descentralizar" estas decisiones, sobre todo cuando la Constitución delimita esta figura.
"Los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no parece conveniente incorporarlo a las leyes ordinarias de las CCAA, no se trata de algo ordinario, ni normalizado, sino extraordinariamente excepcional, que se tiene que decidir por el Gobierno de España con el refrendo del poder legislativo", ha recalcado.
NO RESPONDE SI TRAS LA ALARMA SE PODRÁN CERRAR CCAA
Tras esta argumentación, Montero ha sostenido que se continuará funcionando a través del Consejo Interterritorial de Salud, precisando que sus decisiones son muy importantes para que las autonomías tengan herramientas suficientes para hacer frente a la pandemia.
Sin embargo, ante la pregunta de si este Consejo podrá adoptar la decisión de llevar a cabo cierres perimetrales de CCAA incluso si no cuentan con el consentimiento de las afectadas, la Portavoz del Ejecutivo no ha respondido y se ha remitido a que la respuesta la de la ministra de Sanidad. "Sería muy osada si me anticipo a cualquier cuestión que no ha sido debatida", ha alegado, remitiéndose también a que conteste el Consejo Interterritorial con "criterio técnico" sobre esta medida u otras de otro tipo.
Aún así, la Portavoz ha insistido en que el "objetivo" es que tras el 9 de mayo no sea necesaria la prórroga del estado de alarma y ha insistido en que el Ejecutivo cree que no será necesario. Aunque ha admitido que todo este tipo de decisiones están moduladas por la incidencia epidemiológica y el criterio "experto y sanitario" que es la que, ha dicho, marca la decisión política.
En la misma línea de lo que ya le trasladaron al jefe del Ejecutivo la semana pasada durante su comparecencia en el Pleno, ERC, Bildu, Mas País, PDeCAT y Compromís han denunciado que a escasos veinte días del fin del estado de alarma el Gobierno siga sin poner encima de la mesa ninguna medida que de certeza jurídica a las decisiones que las comunidades adopten a partir del próximo día 9.
Coinciden en que es el Gobierno el que debe liderar esta situación pero no rechazan la posibilidad de respaldar la tramitación de la proposición de ley que el PP registró la semana pasada y que articula un 'plan b' jurídico a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma.
La Mesa de Congreso ha calificado este martes el texto de los 'populares' pero, de entrada y salvo acuerdo de los grupos de última hora, todo apunta a que esta iniciativa no se podrá discutirse antes del día 9, puesto que las dos próximas semanas no hay previsto plenos.
Uno de los partidos más críticos con la actitud del Gobierno ha sido Esquerra Republicana (ERC). Su portavoz, Gabriel Rufián, no ha descartado apoyar la tramitación de la iniciativa del PP porque están dispuestos "a enmendar cualquier irresponsabilidad", como la que, a su juicio, supone que Sánchez comunicase a las comunidades autónomas el fin del estado de alarma "vía titulares".
"POR ENCIMA DE TODO ESTÁ LA SALUD"
"Por encima de todo está la salud", ha dicho Rufián, quien ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a crear un nuevo marco legal para no tener que recurrir a un estado de alarma "bastante nocivo" para con según qué libertades, "y nada de eso se ha cumplido". "Así que, sí, estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad como la que estamos viviendo", ha insistido.
El independentista catalán ha denunciado el "silencio" del Gobierno ante qué pasará cuando acabe el estado de alarma y ha mostrado sus sospecha de que no quiere anunciar medidas antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid en tanto que "se enfrentan a un latifundio creado por (Isabel Díaz) Ayuso" y al miedo a que les reste voto impedir a los ciudadanos "tomar cañas".
También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado la "inacción" del Gobierno que, en su opinión, "vive al día", y le ha pedido que lidere una alternativa al estado de alarma y que el paraguas jurídico que se arme se discuta y apruebe en el Congreso.
"No estoy de acuerdo con que las medidas restrictivas se puedan trocear y decidir en función de la apetencia de cada gobierno (autonómico)", ha defendido Errejón, antes de añadir que su partido estudiará la propuesta del PP pese a que, de entrada, cree que tiene aspectos "constitucionalmente delicados" y que los de Pablo Casado la han registrado a sabiendas que de no dará tiempo a discutirla antes del día 9. "El objetivo no era llegar a tiempo sino crear fuegos artificiales en campaña electoral", ha apostillado.
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, considera que el Gobierno tendría que tener "alguna posición" tras el fin del estado de alarma para que las comunidades autónomas tengan la certeza a partir del 9 de mayo de que no habrá sentencias "contradictorias" a medidas similares.
Ahora bien, ante la inexistencia de alternativas, ha avanzado que su partido "no estaría en contra" de facilitar el trámite parlamentario de la propuesta del PP porque lo esencial es "buscar soluciones" que den seguridad jurídica, vengan de quien vengan.
En el PDeCAT, el diputado Ferran Bel también ha apuntado que "lo razonable" sería que el Gobierno "reaccionase" y diese una alternativa al fin del estado de alarma para advertir de que si ésta no llega, estudiarán el texto de los 'populares'.
ES "CURIOSO" QUE SEA EL PP QUIEN LIDERE EL PLAN B
También lo analizarán en Bildu pese a que su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha señalado que el PP no le ha hecho llegar su propuesta pero, en todo caso, cree que sería "curioso" que el PP liderara un 'plan b' al estado de alarma cuando en estos meses no sólo no ha apoyado ninguna de las iniciativas para hacer frente a la pandemia sino que las ha "boicoteado".
Con todo, Aizpurua sostiene que "no es de recibo" mantener esta situación de inseguridad jurídica hasta el 9 de mayo y que hasta la fecha el Gobierno "no diga nada" cuando lo que tiene que hacer poner. A su juicio, el Ejecutivo debe acordar con las comunidades autónomas y con los partidos que le han apoyado durante el estado de alarma el paraguas jurídico para que las decisiones que se adopten a partir del día 9 no dependan de las decisiones de los jueces.
MONTERO ACUSA AL PP DE ENREDAR CON SU 'PLAN B'
Por su parte, la ministra de Hacienda y Portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de estar enredando con su propuesta de 'plan B', para modificar la Legislación que se aplique al decaer el estado de alarma, a pesar de que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez no descartan apoyar la propuesta de los 'populares'. En este sentido, ha dejado claro que los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no ve conveniente incorporarlo a leyes ordinarias de CCAA.
En este sentido, ha asegurado que la posición del PSOE en el Congreso a este respecto la tendrá que transmitir el Grupo Parlamentario, dejando claro que ella sólo transmite la postura del Ejecutivo.
Y esta es clara, se ha negado en redondo a modificar la Legislación vigente en materia de Salud Pública y se ha remitido continuamente a las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud que, según ella, son de "obligado cumplimiento".
Montero se ha centrado en atacar al PP al asegurar que la contradicción de este partido es "palmaria" porque en otras ocasiones con una incidencia de la pandemia muy superior o igual a la actual, se ha negado a apoyar la prórroga del estado de alarma en el Parlamento. Y ha recordado de paso que para algunas prórrogas se tuvieron que llevar a cabo "negociaciones muy complicadas" en el Parlamento.
Ahora, según la Portavoz, ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, están de acuerdo en no prorrogar la alarma, aunque ha puesto de manifiesto las contradicciones de los presidentes autonómicos del PP alegando que unos lo piden y otros no. "El PP está enredando con este tema y no sabe ni lo que quiere", ha espetado.
La ministra ha defendido la posición del Ejecutivo de no llevar a cabo reformas legislativas alegando que el Gobierno "considera que la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio y no se puede dejar en manos de las CCAA una restricción que está bien articulada en la Constitución".
En este sentido, ha precisado que para adoptar el estado de alarma se tienen que producir situaciones "muy excepcionales" y no ha considerado conveniente "descentralizar" estas decisiones, sobre todo cuando la Constitución delimita esta figura.
"Los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no parece conveniente incorporarlo a las leyes ordinarias de las CCAA, no se trata de algo ordinario, ni normalizado, sino extraordinariamente excepcional, que se tiene que decidir por el Gobierno de España con el refrendo del poder legislativo", ha recalcado.
NO RESPONDE SI TRAS LA ALARMA SE PODRÁN CERRAR CCAA
Tras esta argumentación, Montero ha sostenido que se continuará funcionando a través del Consejo Interterritorial de Salud, precisando que sus decisiones son muy importantes para que las autonomías tengan herramientas suficientes para hacer frente a la pandemia.
Sin embargo, ante la pregunta de si este Consejo podrá adoptar la decisión de llevar a cabo cierres perimetrales de CCAA incluso si no cuentan con el consentimiento de las afectadas, la Portavoz del Ejecutivo no ha respondido y se ha remitido a que la respuesta la de la ministra de Sanidad. "Sería muy osada si me anticipo a cualquier cuestión que no ha sido debatida", ha alegado, remitiéndose también a que conteste el Consejo Interterritorial con "criterio técnico" sobre esta medida u otras de otro tipo.
Aún así, la Portavoz ha insistido en que el "objetivo" es que tras el 9 de mayo no sea necesaria la prórroga del estado de alarma y ha insistido en que el Ejecutivo cree que no será necesario. Aunque ha admitido que todo este tipo de decisiones están moduladas por la incidencia epidemiológica y el criterio "experto y sanitario" que es la que, ha dicho, marca la decisión política.
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