El PP distribuyó entre todos los grupos de la Cámara el contenido de su texto para que fuese leído en la sesión plenaria del jueves, lo cual requiere la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Su portavoz, Cuca Gamarra, apuntaba entonces la necesidad de enviar "un mensaje claro y rotundo de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y de "condenar sin paliativos cualquier acto violento".
Sin embargo, Unidas Podemos confirmó al partido de Pablo Casado que no apoyaría su propuesta y el PSOE, viendo que ya no habría la unanimidad que requiere este tipo de declaraciones, declinó secundarla, según confirmaron a Europa Press fuentes 'populares'.
En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha justificado su negativa en que la declaración impulsada por el PP iba "contra el Gobierno" y no contra los disturbios. "Es evidente que (esa declaración) tenía una voluntad política, y no una voluntad de condenar la quema de contenedores, que es algo que todo el mundo está en contra", ha dicho.
Así, los únicos partidos que han suscrito el texto del PP han sido Vox y Ciudadanos, aunque Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP y miembros del Grupo Mixto, hicieron llegar también su respaldo a la misma.
CONTRA LA VIOLENCIA Y LOS DISCURSOS DEL ODIO
En concreto, en su texto el PP proponía que el Congreso condenase "firmemente" los ataques violentos contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas, los actos de "pillaje" y "vandalismo", así como los "ataques de odio" sufridos en redes sociales por los portavoces de distintos partidos, representantes de ciudadanos y, en general, ciudadanos anónimos por condenar hechos "tan reprobables".
Además, el PP planteaba la necesidad de reafirmar el compromiso de las instituciones públicas con la erradicación de la violencia, el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos del odio, "rechazados por la inmensa mayoría de la ciudadanía".
"La incitación a la violencia y los discursos del odio no tienen cabida en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, por lo que no deben quedar fuera de las instituciones, así como quienes los alienten y no los rechacen con contundencia", rezaba el texto.
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