"En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno", añade la breve misiva.
La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.
Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de "inteligencia financiera" --Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)--.
Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.
Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un 'trust' en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.
PODEMOS LE ACUSA DE INTENTAR COMPRAR SU IMPUNIDAD
Unidas Podemos ve acreditado que el rey emérito defraudó a Hacienda más de 678.000 euros tras la "vergüenza internacional" de presentar una declaración por ese importe para regularizar su situación fiscal, y le ha acusado de intentar "comprarse impunidad para él y toda la trama real".
"No podemos permitir que Juan Carlos se ría de la igualdad ante la Justicia. Debe responder penalmente por sus actos y compensar a la ciudadanía todo lo defraudado", ha subrayado Asens en Twitter.
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ha dicho que esa cantidad equivale a 51 años de salario mínimo interprofesional y que su situación ante hacienda es "uno de los pufos que tiene".
"Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos... Menuda vergüenza internacional", ha apostillado el diputado de la formación morada.
Su compañero de bancada en el Congreso Joan Mena también ha dicho al respecto que, "al mejor estilo Jordi Pujol", Juan Carlos I "confiesa su culpabilidad para intentar salvar a toda la trama real de la investigación".
"Las instituciones tenemos la obligación de lanzar un mensaje nítido: en España la impunidad no se compra. Y mucho menos con nuestro dinero", ha enfatizado.
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