Seis meses y sin gallardía para acudir al Parlamento a defender una medida que restringe derechos fundamentales y en términos políticos apareja un notable desgaste.
Desgaste que -visto lo sucedido durante los meses del primer confinamiento- ha querido evitar endosando la responsabilidad de la puesta en marcha de los confinamientos y el toque de queda a los gobiernos autonómicos. Estamos ante un acto escapista que pretende esquivar la responsabilidad del Gobierno de la Nación a la hora de hacer frente a la mayor crisis sanitaria qua ha padecido España en el último siglo.
El estado de Alarma es un paraguas muy amplio que puede favorecer la deriva cesarista que apuntan algunas de las decisiones de Pedro Sánchez. Conocidos juristas denuncian que la suspensión de determinados derechos consagrados en nuestra Constitución no encuentra cobertura jurídica en el estado de Alarma. Sería el caso del polémico toque de queda que sí encajaría en el estado de Excepción. Sánchez no ignora este tipo de denuncias, razón por la cual ha querido ahorrarse el tener que dar explicaciones en el Congreso argumentando las razones que han llevado al Ejecutivo a decretar el estado de Alarma más largo de todo el período democrático.
Excepcionalidad que no se disimula por el hecho de que un instrumento legal tan drástico haya sido depositado en manos de los presidentes regionales con la clara intención de que sean ellos quienes deban arrostrar las críticas de los ciudadanos. Sánchez se lava las manos dejando que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien haya asumido el riesgo de carbonizarse al tener que descender a la palestra de la confrontación parlamentaria.
A mi entender ha sido un error de libro. En un momento en el que los contagios y las muertes que provoca el virus aviva el temor y las incertidumbres de los ciudadanos, lo último que necesitábamos es el que el ministro de Sanidad -que debería ser una figura de referencia- se haya quemado ante un sector importante de la opinión pública -los votantes del PP, Vox y Ciudadanos- por tener que dar las explicaciones que le correspondía dar a Pedro Sánchez.
Que tras las críticas de sus socios de ERC, al final, Sánchez se haya avenido a acudir al Congreso ¡cada dos meses! para justificar las medidas decretadas delata un talante alejado del espíritu democrático. Un tic cesarista comparable a los de Viktor Orbán en Hungría. Cuesta creer que esté pasando en España.
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