"Tomamos buena nota del anuncio del presidente español, la Comisión ha expresado una clara posición sobre la propuesta al pedir que se garantice que el CGPJ no es percibido como vulnerable a la politización. En este contexto, suspender la propuesta y permitir más consultas es un paso en la buena dirección", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.
En cualquier caso, ha añadido el portavoz, Bruselas espera recibir "en las próximas semanas" información adicional sobre la situación, tal y como el comisario de Justicia, Didier Reynders, solicitó el miércoles a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una conversación telefónica programada a petición de la jefa de la diplomacia española.
PARAR EL RELOJ
Reynders y González Laya hablaron sobre la propuesta de reforma del Poder Judicial pero durante la conversación la ministra no adelantó al comisario la intención de Sánchez de anunciar al día siguiente que paraba el reloj para dar espacio a la negociación con el PP, según ha precisado el portavoz.
La conversación permitió a González Laya explicar los detalles de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, al tiempo que se mostró "abierta a la discusión y a escuchar las opiniones de la Comisión", ha indicado Wigand, quien ha añadido que el comisario de Justicia reiteró la posición de Bruselas y "pidió más información que esperamos en las próximas semanas".
PREOCUPACIÓN
Hace una semana, el Ejecutivo comunitario mostró su preocupación por la propuesta de reforma para rebajar la mayoría necesaria para reformar el órgano de gobierno de los jueces y avisó a través de su portavoz de Justicia de que iba a observar "con atención" el desarrollo de la misma.
Además, recordó que en cualquier caso no debe socavarse la independencia judicial y que España debe velar porque el CGPJ no sea percibido por sus ciudadanos como un órgano "vulnerable a la politización".
El Ejecutivo comunitario publicó hace apenas dos semanas su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, no detectó riesgos graves en su sistema democrático pero alertó de que la situación del CGPJ en España era un "desafío" que se debía afrontar.
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