El problema es Iglesias

 

Según algunos expertos el proyecto técnicamente es un desastre, incluso desde el punto de vista sintáctico. Lleva la impronta de Podemos, partido cuyo líder Pablo Iglesias no oculta su aspiración a controlar a los jueces, a los fiscales y a RTVE. Así lo advertía hace un par de años el mismo Pedro Sánchez que ahora le ha nombrado vicepresidente del Gobierno.

 

Pese a determinadas sentencias que han sido muy polémicas, en España, los jueces cumplen con los estándares propios de los países democráticos más avanzados. No tenemos una justicia politizada que es el rechazable escenario al que nos conduciría -caso de prosperar- el proyecto que impulsan la coalición que gobierna nuestro país. Es tan evidente el aire bolivariano que desprende la cosa que ha concitado el rechazo de todas las asociaciones de jueces con excepción de la minoritaria Jueces para la Democracia que solo ha mostrado discrepancias de carácter "técnico".

 

Al repudio de jueces y fiscales se han unido los partidos de la oposición y también alguno de la coalición que apoyó la moción de censura que tumbó a Rajoy e instaló a Pedro Sánchez en La Moncloa.

 

Estos últimos temen que si cambian las reglas para nombrar a los miembros del CGPJ, dejándolo en manos de los políticos, en un futuro en el que el signo del Gobierno de España vuelva a ser conservador, podrían aprovecharse de esta norma para instalar un rodillo político. Son conscientes de que la inercia de la política española tiende a que los conflictos de naturaleza política acaben siempre en los tribunales.

 

La alarma que ha desatado el asunto está sonando en Bruselas. A Pedro Sánchez le están recordando que la calidad del sistema democrático se mide por los contrapesos entre poderes y en esa ecuación la independencia del poder judicial es determinante. Sánchez se defiende señalando al PP, al que acusa de bloquear la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Pablo Casado no se niega a negociar pero quiere hacerlo solamente con el PSOE, no con Podemos, un partido al que señala como contrario al sistema constitucional. Ahí es dónde estamos. A finales del verano el PSOE y el PP tenían prácticamente cerrado un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Deberían retomar aquella negociación y cerrarla para seguir negociando las otras renovaciones. Previa retirada de la proposición de ley que cambia la fórmula de nombramiento de los vocales del CGPJ para convertir el poder judicial en subordinado del Gobierno.