García Castellón denunció amenazas

La APM pide medidas de protección para el juez que pidió investigar a Iglesias

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha sumado a la denuncia que interpuso la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por las "amenazas" que recibió a través de las redes sociales tras pedir al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las "medidas idóneas para la protección" del magistrado.

 

La asociación mayoritaria de jueces ha emitido un comunicado en el que señala que desde "hace algún tiempo" la carrera judicial ya asiste "con estupor a la deslegitimación permanente del Poder Judicial por parte de representantes de organizaciones políticas e instituciones cuando se dictan resoluciones contrarias a sus intereses".

 

En este sentido, para la APM los mensajes vertidos en Twitter tras conocerse la exposición razonada que elevó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 -quien está afiliado a esta asociación-- constatando indicios de tres delitos que presuntamente habría cometido el líder de Podemos en el marco de la pieza 'Dina' del 'caso Tándem' "son ejemplo evidente de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas con los intereses propios de las organizaciones afectadas y sus líderes".

 

El juez instructor puso en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces el pasado 9 de octubre la denuncia presentada, argumentando que a raíz de su decisión está sufriendo una campaña de "desprestigio personal y profesional e intimidación" y resaltando que muchos dirigentes, incluidos miembros del Gobierno de coalición, repiten y amplifican los mensajes contra su persona.

 

Ante estos hechos, la APM afirma que la crítica a las resoluciones judiciales es una manifestación de la libertad de expresión y "el adecuado entendimiento de la Justicia como servicio público". No obstante, subraya que la crítica "no puede amparar descalificaciones infundada, que persiguen el descrédito de los jueces y magistrados y que desborda el ejercicio del cualquier derecho, sobre todo si se trasciende al insulto y la coacción o la amenaza".

 

Por todo ello, se suma a la denuncia e insta al CGPJ a que "se tomen las medidas idóneas para la protección" del magistrado, así como para "velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país".