Cortinas de humo

 

Una propuesta de globo sonda o cortina de humo. En eso está la ministra de Igualdad Irene Montero, notable dirigente de Podemos partido cuyo líder, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, tiene problemas con la justicia a raíz de que un juez de Audiencia Nacional haya instado al Tribunal Supremo para que le investigue como presunto autor de varios delitos.

 

A sabiendas de que una noticia tapa a otra, la señora Montero anuncia que quiere derogar la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015, la coloquialmente conocida como Ley del Aborto. ¿En qué dirección? Pues en la que puede generar más polémica suprimiendo para las menores de 16 y 17 años la obligatoriedad de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación.

 

No hay clamor popular reclamando semejante derogación. Estamos, sencillamente, ante un globo que persigue desviar la atención de los ciudadanos de un asunto judicial muy incómodo para los dirigentes de Podemos. En especial para quien hoy es titular de una de las carteras de vicepresidente del Gobierno que preside Pedro Sánchez. El proceso de apego a la moqueta como expresión simbólica del poder ha sido tan acelerado entre los ejecutivos de Podemos que, frente a cualquier hecho o circunstancia que intuyan que puede poner en peligro su privilegiado estatus actual, reaccionan a la manera tradicional de los partidos que, según ellos, pertenecían a la "casta". Niegan los hechos y cargan contra los tribunales.

 

Iglesias se cansó de repetir que el aforamiento era un privilegio de la casta que estaba vedado a los pobres, pero ante la posibilidad de ser juzgado por el Tribunal Supremos no ha dicho que renunciaba a semejante protección. Al contrario, en una declaración que destilaba aires venezolanos asegura que era "inconcebible" que el Supremo decidiera procesarle -añadiendo- que "No va a ocurrir". En paralelo a la situación judicial de Iglesias, el magistrado que ha instruido el caso que le señala, el juez Manuel García Castellón denuncia ante la policía las amenazas que está recibiendo a través de las redes sociales, y pide amparo al Consejo General del Poder Judicial al constatar que son los propios dirigentes de Podemos quienes con sus declaraciones intentan desacreditar su trabajo, cuestionando su independencia como juez.

 

No es difícil avizorar que estamos ante una marea inducida. Podemos y sus terminales en las redes complementan una estrategia que pretende pasar pantalla diluyendo la noticia de que un vicepresidente del Gobierno puede acabar ante el Tribunal Supremo acusado de varios delitos. En las redes, cobarde y anónimamente machacan al juez. Desde el Gobierno la ministra Irene Montero echa una mano anunciando, inopinadamente, la derogación de la Ley del Aborto. Mejor dos que una sola cortina de humo.