Vetar al Rey y pasar de la pandemia

 

En relación con la pandemia, Pedro Sánchez se ha concedido un estatus de observador cuyo objetivo es quedar exonerado de responsabilidad en el liderazgo de la lucha contra una enfermedad que ha vuelto a llenar las UCIS de pacientes como en los terribles días de abril y mayo.

 

Ante semejante panorama un Gobierno responsable estaría trabajando noche y día para intentar reducir el impacto social de estas amenazas, pero con la excepción de las ministras de Trabajo y de Defensa y la del ministro de la Seguridad Social, el resto del Gabinete están a otras historias.

 

La vicepresidenta Carmen Calvo dedica su tiempo -y los recursos del Estado- a remover las aguas del rencor y la memoria de la guerra civil con un proyecto de ley bautizado como "memoria democrática" que ignora el gran logro de la Transición: la reconciliación entre los españoles, pilar sobre el que se asienta nuestro Estado democrático, social y de derecho.

 

Un Estado al que el vicepresidente segundo del Gobierno, el señor Pablo Iglesias, tilda despectivamente como "el régimen del 78" y dedica su tiempo a socavarlo promoviendo una "república plurinacional y con derecho de autodeterminación", tarea como se puede apreciar a simple vista alejada de su encomienda ministerial como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales. Alberto Garzón, ministro de Consumo, "comunista y economista" y feligrés también como Pablo Iglesias de la fe republicana hizo historia pontificando que "España se ha especializado en sectores de bajo valor añadido como la hostelería y el turismo, sectores estacionales y precarios".

 

También él, como se ve, ha venido a ayudar a la primera industria nacional, cuyos frutos -antes de la pandemia- concentraban el 12% del PIB.

 

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la señora Reyes Maroto, según informan en Bruselas lleva seis meses sin presentar planes específicos para solicitar las ayudas al turismo previstas por la UE. En el ministerio aducen que el sector está cubierto con los avales del ICO y los ERTE. Como si nos sobrara el dinero.

 

En fin, del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo -que llegó con fama de juez serio y eficiente- parece otro desde que fue reclutado por Sánchez para la política. Ayer justificaba que el Gobierno -es decir Sánchez- hubiera vetado la asistencia del Rey en el acto de entrega en Barcelona de despachos a la última promoción de jueces. Su otra gran aportación consiste en modificar el Código Penal para reformar a la baja la pena por los delitos de sedición. Los mismos que llevaron a prisión en sentencia firme a los cabecillas del "procés", cuyas peticiones de indulto también se están tramitando. España va mal, pero el Gobierno va a lo suyo, y la oposición sigue dividida. Así se presenta el otoño.