La app española para rastrear el virus intenta armonizar salud pública y privacidad

"¿Qué no hace RadarCOVID?", pregunta el vídeo promocional sobre la aplicación de rastreo de contactos de España. La respuesta: al navegar por el sistema sanitario descentralizado del país, no localiza a los usuarios, ni los identifica, ni registra datos personales, ni envía datos.

Sin una vacuna o una cura para el coronavirus, que ha matado a casi un millón de personas en todo el mundo, numerosos países han puesto en marcha esta tecnología móvil para ayudar a interrumpir la cadena de contagios.

 

Las herramientas de rastreo de contactos de algunos Estados utilizan datos de localización. Pero una herramienta de este tipo no es posible bajo las leyes europeas de privacidad en países como España. En su lugar, se valen de la tecnología inalámbrica Bluetooth para generar códigos anónimos que registran la proximidad entre los teléfonos de las personas.

 

La mayoría de las aplicaciones de la UE, muchas de ellas basadas en una estructura diseñada por Apple y Google, cuyos sistemas operativos para móviles están instalados en la mayoría de teléfonos inteligentes del mundo, priorizan la protección de datos, lo que hace difícil medir su utilidad.

 

Los desarrolladores de RadarCOVID también tuvieron que navegar por el sistema de salud de España, que delega las competencias en las 17 comunidades autónomas del país.

 

"Nuestro sistema es tan complejo que tenemos que simplificarlo al máximo", dijo en su oficina de Madrid Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

 

"Trabaja en segundo plano. Tú te olvidas y es tu escudo protector", dijo.

 

Más de 4 millones de personas han descargado la “app” móvil española, dijo Artigas, una cantidad a medio camino del 20% de la población que un estudio piloto llevado a cabo en julio en la isla canaria de La Gomera sugirió que se necesita para que la aplicación sea útil.

 

Ahora le corresponde a las autoridades autonómicas incorporar la tecnología en sus sistemas, dijo Artigas, un proceso que ya se ha completado en el 75% del país.