TikTok presentará una demanda contra el veto de Trump

"Para garantizar que no se descarte el estado de derecho y que nuestra empresa y los usuarios reciban un trato justo, no tenemos más remedio que impugnar la orden ejecutiva a través del sistema judicial", indicó la multinacional en respuesta a una consulta de Europa Press.

 

El presidente de Estados Unidos firmó a principios de agosto una orden ejecutiva que prohíbe "cualquier" transacción con la empresa propietaria de la aplicación móvil TikTok, ByteDance. La orden entrará en vigor a mediados de septiembre, 45 días después de su proclamación.

 

SOLUCIÓN

 

En este sentido, desde la compañía china sostienen que, a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con las preocupaciones de la Administración de Estados Unidos, durante casi un año ha tratado de alcanzar algún tipo de compromiso de buena fe "para ofrecer una solución constructiva".

 

"Lo que encontramos, en cambio, ha sido una falta de garantías procesales, ya que la Administración no prestó atención a los hechos y trató de inmiscuirse en las negociaciones entre empresas privadas", explicó la empresa.

 

En una segunda orden ejecutiva, firmada el pasado 15 de agosto, el presidente de Estados Unidos fijó un plazo de 90 días para que ByteDance acabe con sus operaciones en el país y se deshaga de los datos

 

Según la Casa Blanca, TikTok capta automáticamente "grandes cantidades de información" de sus usuarios, incluida información sobre Internet y otras actividades de la red, como datos de localización y de navegación e historiales de búsqueda.

 

Así, "esta recopilación de datos amenaza con permitir al Partido Comunista de China (PCCh) el acceso a información personal y de propiedad de los estadounidenses" algo que permitiría de forma potencial "rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, construir expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo". "Los riesgos son reales", remachó Trump.

 

Además, ha criticado que la aplicación "censura" contenidos que el PCCh considera "políticamente sensibles", como los relativos a las protestas de Hong Kong o el tratamiento del Ejecutivo chino a los uigures y otras minorías musulmanas. "Puede utilizarse para campañas de desinformación que beneficien al PCCh", ha señalado.