Ni pies ni cabeza

De momento, el juez ha atendido la denuncia de un antiguo abogado, que fue expulsado del partido y acusado de acoso sexual (acusación desestimada por otro juzgado). Ha imputado a Podemos como persona jurídica, a la gerente, Rocio Esther Val, el tesorero, Daniel de Frutos y la figura más destacada, Juanma del Olmo, director de las últimas campañas y que ahora está en el gabinete del vicepresidente Iglesias, en Moncloa.

 

El problema es que, en todos los casos de corrupción ligados a la financiación irregular de los partidos políticos, la primera reacción de sus dirigentes es, como ha hecho Mayoral, negar la mayor, acusar al juez de persecución política, señalar a la oposición (en este caso a los partidos de derechas y sus medios de comunicación "afines") como instigadores de una operación para echarles del Gobierno. El victimismo del que tanto se ha reído cuando les tocaba a otros.

 

Lamentablemente, sus airadas explicaciones recuerdan a María Dolores de Cospedal en sus vanos intentos por negar la trama Gürtel. No llega a la "indemnización en diferido", pero su argumento de que "con procedimientos como este se está atacando el proceso democrático en nuestro país", se incluirá en la antología de los disparates.

 

De momento, y antes de dar ninguna explicación plausible sobre los sucedido, como han exigido ellos a todo el resto del arco parlamentario, han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para anular el caso.

 

En su defensa, también aluden a la anunciada moción de censura de Vox contra el Gobierno, que presentarán en otoño y en la que esta formación se ha personado como acusación popular contra ellos. La vieja teoría de la conspiración, que se cumplió con la persecución de que fueron objeto por las cloacas del Estado y que tan buenos resultados les dio como argumento en la última campaña electoral. Pero, el que hayan sido exculpados en otra ocasión de financiación irregular no les da carta blanca para no someterse a las investigaciones oportunas que considere un juez. Eso es el Estado de derecho.

 

Lo cierto es que a la formación morada se le avecina un otoño complicado porque, además de esta causa, que se verá en noviembre, se les ha torcido el caso del teléfono sustraído a Dina, donde también comparecerá como testigo el abogado despedido, José Manuel Calvente, quien ha calificado el suceso de montaje. Todo esto puede que justifique el malhumorado nerviosismo de Mayoral.

 

Como a Podemos le está ocurriendo, casi de forma milimétrica, lo que al resto de partidos viejunos, las acusaciones de corrupción provienen de un contable despedido, de un asesor ofendido, o de un concejal al que no le llegó su parte del pastel. A ellos ha sido un abogado despedido con graves acusaciones no respaldadas por la Justicia. Hay que tener mucho cuidado con las purgas.

 

De nada sirve tampoco sacar a relucir el caso de la juez Victoria Rosell, que no pudo presentarse a unas elecciones como candidata de Podemos por unas acusaciones falsas. Cada caso es cada caso, y en un procedimiento de imputación no se pierde la presunción de inocencia. La clave es cuantas veces Pablo Iglesias y otros dirigentes morados exigieron dimisiones solo por ser imputado. ¡Qué difícil resulta, a veces, aplicarse la propia medicina!

 

Sólo hay que dar explicaciones a la opinión pública y dejar actuar a la Justicia.