Libertad, censura y sectarismo en Cataluña

Zaragoza, que tiene un currículo impresionante e incontestable no va a hablar, en una de esas mesas, sobre Cataluña sino sobre "la relevancia constitucional del Ministerio fiscal". Es de suponer que, entre los más de 25.000 abogados de ese Colegio, habrá muchos interesados en escucharle en un lugar, el ICAB, que se ha distinguido por su labor formativa y por la libertad de expresión. También por no ser otra tribuna independentista excluyente.

 

Pero ese "1 de 175" en "1 de las 45" mesas del Congreso ha indignado a algunas asociaciones de abogados que no quieren que Zaragoza hable allí. Allí y, seguramente, en ningún otro sitio. Al coro de voces habitual se ha sumado inmediatamente Pilar Rahola, apoyando a quienes afirman que la decana del Colegio de Abogados y su junta directiva "se han aliado con quien ataca los derechos y las libertades sin rubor. Con quien no ha respetado la voluntad pacífica, con quien no le importa la verdad sino castigar una manera de hacer, de pensar y de hablar. Con quien quiere, en definitiva, el aniquilamiento de la disidencia". Lo que, además, denuncia Pilar Rahola es "la vergüenza de invitar a quien encarna la represión brutal que han sufrido personas e ideas democráticas, por ser independentistas", y escribe también que el fiscal Zaragoza es el "responsable ideológico de la causa contra el independentismo y de las acusaciones a los líderes presos políticos". No es discrepancia política, son mentiras, insultos y falsedades.

 

Rahola y las asociaciones, sin pudor alguno, acusan a Zaragoza "de utilizar información falsa y torcer hasta límites insospechables el derecho y la ley con el fin de llevar gente inocente a la prisión". Entiendo que, como la sentencia no la escribió ni firmó Zaragoza, esas expresiones valen también para el tribunal que juzgó, con rigor y respeto, a los políticos que violaron la ley, con pleno conocimiento de lo que hacían y que están dispuestos a volver a hacerlo.

 

Este ataque a la libertad de expresión es un intento de imponer la censura y el pensamiento único -el de ellos, claro-. Entre tanto, Pedro Sánchez resucita la Mesa de Diálogo, Puigdemont le dice a Torra cuando tiene que convocar elecciones y la Generalitat estudia conceder el tercer grado a los políticos presos para que puedan salir todos los días a trabajar -esto ya lo hacen- y, además, puedan hacerlo desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche. Y gozar de 48 días de permiso al año. Lo harán después de haber cumplido menos de un tercio de su condena, mientras que el resto de los presos que están en las cárceles catalanas, con delitos y penas menores, no disfrutan de ese privilegio.

 

En resumen, censura para los que piensan diferente; libertad de expresión y derechos solo para algunos y para algunas ideas; justicia y privilegios a medida; pseudodemocracia fuera del marco constitucional. Y la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial, en silencio. ¡Qué lejos de esa gran Cataluña líder que miraba a Europa en lugar de mirarse solo a sí misma!