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Viernes, 12 de Junio de 2020
Como acusación popular
La Unión de Oficiales de Guardias Civiles recurrirá el archivo de la 'causa del 8-M'
La Unión Oficial de Guardias Civiles, que ejerce como acusación popular en la causa conocida como 8-M, ha anunciado que recurrirá la decisión de la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel de archivar la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional justo un día después de terminar de escuchar a convocantes de otras manifestaciones y funcionarios de la Delegación del Gobierno, que comparecieron en calidad de testigo, así como al propio Franco, que declaró un día antes en calidad de investigado.
La magistrada ha concluido que Franco "no tuvo conocimiento cierto objetivo y técnico" entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 "del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones", y que no recibió "comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".
La Unión de Oficiales de Guardia Civiles es una de las dos acusaciones populares que tienen la dirección letrada de todas las que han solicitado personarse en la causa contra el delegado del Gobierno.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional justo un día después de terminar de escuchar a convocantes de otras manifestaciones y funcionarios de la Delegación del Gobierno, que comparecieron en calidad de testigo, así como al propio Franco, que declaró un día antes en calidad de investigado.
La magistrada ha concluido que Franco "no tuvo conocimiento cierto objetivo y técnico" entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 "del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones", y que no recibió "comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".
La Unión de Oficiales de Guardia Civiles es una de las dos acusaciones populares que tienen la dirección letrada de todas las que han solicitado personarse en la causa contra el delegado del Gobierno.
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