¿Estado Social o fraude electoral?

En esa cita del Espíritu de las Leyes (Libro VIII, Cap. 2º) concluía Montesquieu: “Así pues, la democracia tiene que evitar dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la hace desembocar en la aristocracia, o en el Gobierno de uno solo, y el espíritu  de igualdad extremada, que la llevará al despotismo de uno solo”. 

 

Nada nuevo bajo el sol. En estas dos sentencias de un clásico, se resume la praxis y finalidad del gobierno de los hijos de ZP, Sánchez e Iglesias: la compra de votos con el objetivo último de instaurar una república bolivariana, que es la forma que adopta el despotismo comunista en los países latinos de nuestro tiempo. Yo mismo decía en un artículo de época de ZP, titulado 'La Demagogia o el rapto de la Democracia': “Si a eso le sumamos el dinero público que se emplea en propaganda -televisiones públicas-, o en la aludida compra de votos a través de supuestas medidas sociales -como la promesa de transferencia corriente, en año electoral, de cuatrocientos euros, a todos los contribuyentes del IRPF- (…) el resultado final de la orgía de gasto (...) no puede ser sino la ruina de la república (…) No habremos de asombrarnos de que los votos se den por dinero -dice Montesquieu-; y ciertamente en España lo que se atribuye al Conde de Romanones, es lo que ha sucedido en las elecciones generales de 2008 con los famosos cuatrocientos euros. Y eso en plena crisis económica (…) Cuando el superávit presupuestario es indispensable para acometer una política anticíclica, se dilapida en transferencias corrientes destinadas a la compra de votos”.

 

El Estado Social lo planteó Von Stein en la Alemania de Bismarck para corregir excesos de la mano invisible del mercado, de los que se alimentaba el marxismo y plasmó después en la Constitución democrática de Weimar de 1919, para devenir el modelo constitucional de la Europa Libre, al terminar la II Guerra Mundial. Se trata de corregir ineficiencias del mercado para apuntalar la libertad de forma armoniosa con la igualdad; no de un pretexto para engordar sin límites al Estado y abrir el camino de servidumbre que aniquilaría la libertad y la democracia. Este último camino es el que trazó en España ZP y ha llegado al extremo con el tándem Sánchez/Iglesias que ha pactado la derogación de la Reforma Laboral con la filoetarra EH Bildu. El camino de servidumbre no puede ser más claro y se ha pavimentado con dinero público. Romanones al menos compraba votos con su dinero. Estos lo hacen con el nuestro.

 

Han convertido en mecanismos de propaganda el CIS (Tezanos), RTVE (Rosa Mª Mateo) y al oligopolio de las TV privadas, al que en época de ZP regalaron el pastel publicitario a costa de la pública, que hemos de pagar con impuestos. Ahora, en plena debacle presupuestaria del Covid, les riegan con otros 15 millones del contribuyente. Sumen a ello los “viernes sociales” de Sánchez, que hasta abril de 2019 redundaron en un crecimiento del gasto de 2.300 millones, sobre idéntico período de 2018, frente a un incremento de ingresos de sólo 400. Y cómo no, en 2020 “la paguita” de Iglesias, que inevitablemente conllevará recortes de sueldos y pensiones cotizadas. O la asfixia de la sociedad civil, mientras dan subvenciones a espuertas a sus correas de transmisión social, como “los de la ceja”, organizaciones feministas, “Open Arms” y ONGs de diverso pelaje. La impunidad de la delincuencia okupa, a la que se dota de paguita para luego empadronarla en la circunscripción electoral que más interese al Gobierno.  El saco de votos de los “Refugees Welcome”, que ya sabemos para quién es.  Y un Estado de Alarma que es de Excepción encubierta y aún más allá Tiranía. La Democracia requiere condiciones de libertad y en la España clientelar de Sánchez/Iglesias está claro que no las hay.