Piden un cambio radical en el modelo de residencias

"La inmensa tragedia que ha supuesto el paso del Covid-19 por las residencias de mayores en estos dos meses y medio de pandemia ha sacado a la luz las deficiencias y debilidades de un modelo en el que el peso del sector privado y los fondos de inversión es abrumador", ha dicho.

El Gobierno regional señala que entre el pasado 8 de marzo y el 13 de mayo fallecieron por coronavirus confirmado o con sintomatologías compatibles 5.886 ancianos en las residencias de la región. "No es de extrañar. Casi todo el continente comparte el mismo modelo, en el que la idea de negocio se antepone a cualquier noción de servicio público o de cuidados a un colectivo de población vulnerable", apuntan.

Antes de la llegada de la epidemia, el sector "vivía una suerte de burbuja, y era pasto de fondos de capital riesgo, socimis, aseguradoras y constructoras, grandes empresas que mantienen las residencias con el personal mínimo y en condiciones de enorme precariedad, a pesar del elevado precio medio de sus plazas".

Tal y como ha reseñado el propio Defensor del Pueblo en varias ocasiones, haciéndose eco de las denuncias de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), en los tres últimos años las quejas de usuarios y familiares "ante el deterioro de la calidad del servicio no han cesado de aumentar, lo que ha generado la eclosión de todo un movimiento social, la Marea de las Residencias, que cuenta con el apoyo cerrado de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)".

"Escasez de personal, falta de limpieza, malos tratos, abandono, deficiencias en los cuidados, problemas con la alimentación, déficit de equipos y materiales... son quejas que se repiten una y otra vez", apuntan, apunta la Federación. Y es que diversos medios han señalado que antes de la pandemia las 25 residencias públicas de la Comunidad de Madrid tenían 215 empleados, "menos de los que el propio Gobierno regional estimaba necesario".

Tras analizar la situación de las residencias en España y en la Comunidad de Madrid, "baluarte de la externalización de los servicios públicos en el Estado", la FRAVM considera que es "urgente y esencial" avanzar hacia un cambio radical del modelo. A tal fin, a través de su Comisión de Mayores, presenta hoy una batería de propuestas que busca dignificar el sector y sentar las bases para que no se vuelva a repetir lo sucedido en estas semanas.

La primera de las propuestas tiene que ver con el esclarecimiento de los datos de fallecidos y afectados por el Covid-19 en las residencias, así como con "la depuración de responsabilidades penales y políticas ante una pésima gestión". La Fiscalía General del Estado ha abierto ya 160 diligencias penales en relación a estos hechos. De ellas, 79 se encuentran en la Comunidad de Madrid.

La FRAVM ha mostrado su apoyo a la acción en este marco de Pladigmare, que ha presentado ante la Fiscalía decenas de denuncias. Por ende, da la bienvenida a la Asociación de Personas Afectadas en la Gestión de las Residencias, de ámbito nacional, que el pasado lunes se presentó públicamente y que ha sido creada "para contribuir al cambio del modelo de cuidados de las personas mayores".

PROPUESTAS

La Federación vecinal pide que se publiquen las cifras de fallecimientos en las residencias y, en su caso, traslado a la Fiscalía o tribunales. "El gobierno de la Comunidad de es uno de los más opacos, hasta el punto de que quitó las competencias al consejero de Políticas Sociales cuando suministró información a los portavoces parlamentarios sobre las muertes en residencias", ha denunciado.

Asimismo, reclama la aprobación de las medidas mínimas que han de cumplir las residencias en previsión de eventuales rebrotes de la pandemia y la transición hacia un nuevo modelo de residencias. Para ello plantean un plan de inversiones públicas para construir las plazas deficitarias. En la Comunidad de Madrid hay un déficit de 10.000 plazas, el equivalente a 100 residencias de 100 plazas. La dotación del plan habría de ascender a unos 750-1.000 millones de euros, consideran.

Los centros públicos, explican, han de localizarse en los ámbitos de residencia de las personas que acogen (residencias de proximidad) y, preferentemente, deberían ser de pequeño tamaño. La normativa ha de fijar unos estándares mínimos en relación al número de personas atendidas: personal en cada turno, superficies, habitaciones, equipos..., y que establezcan las ratios mínimas obligatorias en cuanto a equipamiento y personal para atención sociosanitaria.

Para la FRAVM, las condiciones laborales del personal deben mejorar, han de dar preferencia a la gestión directa de las residencias públicas, revisar conciertos establecidos con las residencias privadas; fomentar las alternativas residenciales, tales como cohousing, apartamentos de mayores y pisos tutelados; impulsar-divulgar fórmulas de piso compartido intergeneracional (personas mayores con vivienda comparten con jóvenes a cambio de compañía y ayuda); información semanal de las personas que no reciban visitas o contactos telemáticos; y dotar a los centros de salud de una plaza de médico/a de geriatría que atienda a las residencias y a la población de su zona.

Igualmente, quieren que los geriátricos dispongan de desfibriladores, equipamientos de protección y sanitarios de acuerdo con las necesidades de los residentes y los diversos tipos de profesionales; y refuerzo de los servicios de inspección. Entre 2014 y 2018, fueron sancionadas 96 residencias de la tercera edad en la región. Muchas de ellas lo fueron "por faltas muy graves que hubieran justificado el cierre, pero que siguen funcionando después de abonar una multa", indican.

La Federación vecinal demanda también la "democratización" de la gestión de las residencias, con una regulación por ley de la participación de los y las mayores y sus familias en la marcha de las residencias y la creación de consejos de residentes y familiares, revisando al efecto los reglamentos de régimen interno.

Por último, solicitan una coordinación entre las comunidades y el Estado. "La pandemia ha puesto al descubierto la disfunción de las comunidades en proveer a las personas mayores de un servicio residencial de calidad basado en la atención sociosanitaria que exige el artículo 50 de la Constitución Española, el derecho a la salud del artículo 43, y recoge el artículo 25.1 de la Ley de Dependencia", apuntan.

Por ello, de acuerdo con los informes del Defensor del Pueblo de 2018 y 2019 y tomando en consideración el del Tribunal de Cuentas de 2017, proponen que el Consejo Territorial rinda cuentas del ejercicio de sus competencias previstas en el artículo 8 de la LAPAD para garantizar la debida coordinación, la coherencia de políticas y la igualdad de derechos en los servicios en todo el territorio nacional, desarrollando una norma específica para los servicios residenciales que acogen a la población más vulnerable, la cual necesita un grado mayor de protección de su salud, autonomía y derechos.