Un desastre histórico

La tardanza y los errores del Gobierno en adoptar las medidas económicas útiles para evitar la destrucción del tejido empresarial y por tanto el empleo, se han traducido en que 1,2 millones de personas han perdido su puesto de trabajo desde el decreto del estado de alarma y el consiguiente parón de la economía. Además, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo casi 3,4 millones de trabajadores están inmersos en un ERTE, 121.000 empresas han dejado de existir y 41.250 autónomos están en paro. En total, prácticamente 8 millones de empleados no trabajan.

 

La situación es catastrófica si tenemos en cuenta que más de un millón de trabajadores en ERTE aún no han cobrado. Tampoco las empleadas de hogar, ni los temporales, que las ayudas al alquiler se cobrarán en junio y que muchos de los avales del ICO están por recibirse en la cuenta. Además, muchos autónomos, a pesar de haber sido aprobado su cese de actividad han tenido que pagar la cuota del mes de abril y veremos qué ocurre con la de mayo. Y, lo peor, las fases previstas para la salida del confinamiento y la vuelta a la actividad económica son tan prolijas y llenas de burocracia, que hacen casi imposible que muchos negocios vuelvan a la normalidad hasta dentro de mucho tiempo, con lo que ello supondrá para las empresas y los empleados.

 

El segundo del Ministerio de Trabajo, en un acto inaudito e irresponsable, se vanagloriaba ayer de estar dando más prestaciones que nunca, lo consideraba un mérito. Mientras, el Gobierno amenaza y chantajea a la oposición, si no aprueba una nueva prórroga del estado de alarma, con dejar en el aire las ayudas. Veremos qué ocurre este miércoles en el Congreso.