El Gulag de Sánchez

A los numerosos errores cometidos por este Gobierno --respuesta tardía a la crisis sanitaria, falta de material de protección para el personal médico, abandono de las personas mayores, etc.-- se suma ahora un plan disparatado que condena a España a convertirse en un auténtico Gulag, con los españoles confinados en sus casas, sin libertades y condenados al paro y la miseria. 

 

El inquilino de la Moncloa le ha cogido gusto a gobernar por decreto. Ya no se acuerda de cuando tachaba a Rajoy de 'presidente del plasma'. Ahora él es el 'Aló presidente' que encarnaban tan bien personajes tan alejados de la democracia como Hugo Chávez y Fidel Castro. Es evidente que a Sánchez no le gusta rendir cuentas a la oposición. Por ello la señora Batet tiene el Congreso de los Diputados prácticamente silenciado, para que el presidente no tenga que escuchar siquiera las críticas de la oposición. Paradójicamente, cuando hay que votar sus decretos y su estado de alarma sus socios independentistas y bilduetarras le dejan en la estacada y tiene que ser el PP, un partido con sentido de Estado, quien le apoye. Y encima se permite ningunear a Pablo Casado, que se entera de los planes del Gobierno cuando los ve publicados en los medios.

 

Si confinar a los españoles de manera ilegal en sus domicilios ya es una grave vulneración de los derechos ciudadanos --porque el estado de alarma le permite limitarlos pero no suprimirlos-- mantener la inactividad de los sectores productivos es una temeridad. Con esa decisión, Sánchez condena a los españoles al paro y a la pobreza. El terrible dato del desempleo proporcionado por la EPA no es más que la punta del iceberg del drama, porque ya nadie duda a estas alturas de que la realidad es que nueve millones de españoles se han quedado sin trabajo. España, el segundo país del mundo en kilómetros de AVE, mantiene a sus modernísimos trenes de alta velocidad en vía muerta porque a Sánchez le gusta tener inmovilizados y controlados electrónicamente a los españoles. Y, mientras, los autónomos y las empresas pequeñas, medianas y grandes siguen condenados al cierre y a la inactividad.

 

Por muy dolorosas que sean las consecuencias de esta pandemia, con más de 23.800 muertes registradas oficialmente, un Gobierno que se precie no puede arrojar más incertidumbre, desgobierno, desempleo y pobreza sobre sus ciudadanos, a no ser que sus planes ocultos pasen por convertir a España en su Gulag y dotar a los españoles de una cartilla de racionamiento para que Pablo Iglesias --el vicepresidente social responsable políticamente de miles de muertes de ancianos-- nos recuerde luego que esa forma de vida subvencionada se la debemos a él.