La Ley de Enjuiciamiento Criminal, de nuevo a debate

 

Hasta ahora, las causas penales son instruidas por jueces. Lo que la modificación de Campo propone es que, en vez de ellos, sean los fiscales los que las instruyan. Y esto mismo se planteó en las ocasiones anteriores, aunque en ninguno de los casos se llegó siquiera a debatir en las Cortes Generales. Hoy, se apuesta de nuevo por el cambio, sin olvidar que con él nos estaríamos equiparando a los sistemas de la gran parte de países de Europa.

 

 

Son muchos los pronunciamientos de jueces y fiscales sobre esta cuestión. Sobre todo, se llama la atención sobre la necesidad de aumentar la independencia de la Fiscalía. En esta línea, la Asociación de Fiscales propone que el Fiscal General del Estado sea un cargo que vaya más allá en duración que el Ejecutivo. Lo que quieren, básicamente, es evitar que sea dependiente de un único gabinete gubernamental. 

 

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales sostiene que la autonomía de la Fiscalía ya está garantizada desde el año 2007, cuando se impidió que el Fiscal General pudiera ser cesado por pérdida de confianza.

 

En cuanto a las posibilidades de éxito de la reforma, Arturo González, abogado penalista de Dexia Abogados, apunta a dos factores como los que pueden hacer que esta vez, al contrario de lo que ha ocurrido en el pasado, triunfe este cambio legislativo. Por un lado, que “la modificación que se pretende llevar a cabo en esta legislatura es de carácter parcial”. Y es que, continúa explicando el abogado, “el principal escollo que se encontraron los anteriores gobiernos es que el cambio que pretendían llevar a cabo era un cambio a nivel global, con la intuición de modificar absolutamente toda la ley de una manera profunda”.

 

Por otro lado, lo que también puede facilitar la aprobación de la reforma es “la diversidad de formaciones políticas” que hay en la actualidad en el Congreso. En opinión de González, “el bipartidismo y la confrontación constante entre dos partidos hacía prácticamente imposible introducir cualquier cambio en las leyes”.

 

 

Fiscales, jueces, abogados expertos en Derecho Penal… todos ellos coinciden en la necesidad de agilizar el proceso penal. Ese sería, por lo tanto, el objetivo que por encima de cualquier otro se encuentra hoy en el punto de mira.

 

Según explica Arturo González, el anteproyecto de ley que está encima de la mesa “busca una ‘aceleración’ del proceso penal, un objetivo más que ansiado en el ordenamiento jurídico español, ya que estos procedimientos se eternizan en muchos casos, de forma que la meta del derecho punitivo pierde fuerza”. 

 

Porque, continúa González, “no tiene sentido que una persona que ha cometido un delito en 2020 sea condenada por sentencia firme en 2027”. En ese tiempo, es posible que ocurran muchas cosas que pueden hacer perder precisamente el efecto que se pretende conseguir con la medida que se va a tomar.