El Gobierno apunta que el confinamiento para los asintomáticos sería voluntario

 

Ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó claramente que será un confinamiento voluntario para quien lo desee. Pero después, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuntó que también se estudiarán fórmulas para los que se nieguen por completo a aislarse. Fuentes del Ejecutivo aclaran que la fórmula no está cerrada porque no es inminente su aplicación pero la idea es que sea voluntario.

 

“Es una opción que podría ser a personas que así lo soliciten, bien porque sus domicilios no reúnen condiciones para el aislamiento o por otro tipo de consideraciones”, sentenció Illa en una rueda de prensa a mediodía.

 

Poco desués, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, manifestaba en rueda de prensa que la forma de actuar frente a la negativa a guardar el confinamiento por parte de ciudadanos que den positivo en coronavirus y que sean asintomáticos está abierta a debate jurídico, y que deberán establecerse criterios sobre cómo actuar en estos casos con criterios de "proporcionalidad".

 

Campo realizó estas manifestaciones en una rueda de prensa telemática a preguntas de los periodistas, al ser inquirido por la posible aplicación de herramientas legales en caso de confinamientos de positivos que no presenten síntomas de covid-19.

 

Según el ministro cabría preguntarse qué diría cualquier ciudadano ante el caso de tener conocimiento de alguien que ha dado positivo y no se aísla voluntariamente, y "a partir de ahí hay que abrir supuestos, como pasa siempre en el mundo del derecho", ha añadido.

 

En este sentido el ministro apuntó tres de estos supuestos: el de alguien que es positivo y vive con sus padres octogenarios y no le quiere contagiar, y que pide que lleven a otro lado para ser atendido; el de aquel que vive solo y no quiere vivir esa situación en soledad y en tercer lugar el del reticente o renuente a someterse a aislamiento pese a dar positivo en los test de detección de la enfermedad.

 

En este último caso, Campo recordó que el propio Código Penal contempla como delito el cometido por quien voluntariamente contagia a otras personas. "Si no se quiere confinar el debate está abierto, y tendremos que establecer cómo actuar justificándolo y con criterios de proporcionalidad, se pedirán informes pertinentes y se actuará", ha explicado, tras insistir que la normativa no puede incluir todos los casos existentes y habrá que estudiar cada uno de ellos.

 

En este sentido, Campo también respondidó a una segunda pregunta sobre la afectación a los derechos fundamentales del uso de aplicaciones móviles que ya se utilizan en otros países, como la República Checa o China, que permiten controlar los itinerarios de un ciudadano para ver si cumple con las medidas de confinamiento.

 

"Todo se está estudiando en función de lo que marcan las autoridades sanitarias", manifestó el titular de Justicia, que considera que lo que no es razonable es no establecer mecanismos para evitar el contagio a la ciudadanía y que el uso de estos instrumentos estaría avalado por la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). "Ya lo vemos drásticamente en los casos en los que los jueces dictan prisiones provisionales para retirar a estas personas del circuito, todo se está estudiando y todo o se tiene que hacer de una manera respetuosa con el ordenamiento jurídico, que no se devalúa en el estado de alarma".