Garrido traslada al Gobierno las necesidades de mascarillas para el transporte privado

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al secretario general del Sindicato Libre de Transportes, Julián Muñoz, en relación a la petición de medidas de protección hacia el colectivo.

En primer lugar, el consejero madrileño ha querido agradecer su preocupación que, por supuesto, también es la de la Comunidad de Madrid, por "el riesgo de contagio en el que se encuentra el colectivo de profesionales de los vehículos de arrendamiento con conductor".

A este respecto, Garrido ha recordado que el pasado 15 de marzo, la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, a la vista de las indicaciones, recomendaciones e instrucciones de la Consejería de Sanidad, elaboró un documento a fin de informar a las asociaciones, empresas y profesionales que desarrollan su actividad profesional en el ámbito del transporte de viajeros en la Comunidad de Madrid, en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, (vehículos taxi y VTC) para que la prestación de los servicios se lleve a cabo en unas condiciones en las que quede garantizada la protección individual, tanto de los usuarios como de los propios profesionales".

Así, indica que "una de las recomendaciones es, precisamente, el fomento del pago electrónico a través de aplicaciones, limitando al máximo el pago con dinero efectivo; recomendación formulada por las autoridades sanitarias que están poniendo en práctica la inmensa mayoría de los usuarios, tanto de los servicios de taxi como de los de los vehículos VTC, máxime teniendo en cuenta que la actividad en estas modalidades de transporte, dado el confinamiento masivo decretado por el Gobierno, se ha visto reducida en un porcentaje superior al 90 por ciento".

Asimismo, Garrido le informa de que, con la declaración del estado de alarma, la compra del material de protección individual para los conductores profesionales le corresponde al Estado y, en el caso particular del transporte por carretera, será "la Dirección General de Transporte Terrestre dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la que establezca los criterios de asignación y el proceso de distribución de los mismos a las empresas, teniendo en cuenta los datos del Registro de Empresas y Actividades del Transporte".

"Desde la Consejería que dirijo, se ha comunicado a la Administración del Estado las necesidades identificadas en nuestra región, para dotar a todos los conductores de las empresas de transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, de los elementos de protección individual necesarios, ya que nuestra prioridad es garantizar la protección y la seguridad de todos ellos", concluye la misiva.