Por permisos de acceso revocados pero no notificados
Unos 75 vecinos de Madrid Central tienen 100.000€ en multas
Unos 75 residentes en el perímetro de Madrid Central acumulan hasta 100.000 euros en multas desde julio por permisos de acceso a la zona de bajas emisiones que fueron revocados por el Ayuntamiento con el nuevo Gobierno pero sin informar a la ciudadanía, que no ha recibido notificación alguna.
"Nos dicen que nos han revocado la autorización (de las Áreas de Prioridad Residencial) y que estaba publicado en el BOCAM, que al estar publicado ahí teníamos que haberlo conocido", ha denunciado en rueda de prensa Ana, vecina de Las Letras, "afortunada por tener sólo 800 euros" en nueve multas. Ha sumado su caso al de Carlos (39 multas, 3.510 euros), Ángel (45 multas, 4.000 euros) o Ángeles (35 multas, 3.150 euros). Algunas de las multas han sido abonadas, otra no porque están tratando de ganar tiempo. "Yo me resisto", contesta Ángela.
Son algunos de los afectados, recopilados por la asociación vecinal La Corrala en cuatro meses, por una situación en la que podrían verse unas 5.000 personas. El problema es que "están empezando a embargar cuentas", han comentado desde la sede de la entidad vecinal, donde han recordado que algo similar "pasó con la APR de Ópera pero ahí esas multas fueron anuladas inmediatamente".
Estos cuatro vecinos han explicado que el anterior Gobierno trabajó en la revocación de los permisos de las APR, que en algunos casos se extendían hasta 2023, al entrar en vigor Madrid Central. Para eso habían redactado unas cartas, una notificación, ya en el mes de abril. En mayo se produce el cambio de Gobierno y la revocación pasa por la Junta de Gobierno presidida por José Luis Martínez-Almeida, el pasado 30 de junio.
Posteriormente se publica en el BOCAM pero en ningún momento se informa a los residentes "porque no tenían todos los datos", "excusa" que les dan y de la que dudan los afectados. De hecho, Carlos ha asegurado que él llamó al 010 para que le confirmasen que su autorización APR seguía vigente y le dijeron que sí. Y además cuenta con tuits, negro sobre blanco, con esta respuesta.
Fuentes de Medio Ambiente y Movilidad, área encabezada por Borja Carabante, han trasladado a Europa Press que el origen de esta desinformación está en el anterior Gobierno, con Manuela Carmena a la cabeza, y que lo que está haciendo ahora el Ejecutivo es aplicar la normativa en vigor.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su vez, ha aseverado que desde el Gobierno municipal se arbitrarán "todos los medios" para solventar los problemas con las multas "injustas" impuestas de forma incorrecta en el perímetro de Madrid Central, algo que han "heredado" del mandato anterior.
"ABUSO", "INJUSTICIA" Y "ESTAFA"
Los vecinos afectados hablan de "abuso cometido por el Ayuntamiento tras poner miles de multas por entrar a Madrid Central por residentes que tienen autorización para ello", de "desinformación" provocada por el Ejecutivo, "injusticia" y "estafa".
Algunos de los afectados han tratado de llegar a una solución con el Ayuntamiento. Solicitaron una reunión con Carabante pero hasta el momento no se ha producido, sí con miembros de su equipo. "Sólo nos dijeron que nos invitaban a que emprendiéramos acciones judiciales, que les haríamos un favor", han reprochado.
"No sabemos cómo esperan que paguemos", han coincidido los cuatro afectados reunidos en rueda de prensa. "Los tribunales no son gratis pero no nos va a quedar otra que ir a ellos", han apuntado.
"Nos dicen que nos han revocado la autorización (de las Áreas de Prioridad Residencial) y que estaba publicado en el BOCAM, que al estar publicado ahí teníamos que haberlo conocido", ha denunciado en rueda de prensa Ana, vecina de Las Letras, "afortunada por tener sólo 800 euros" en nueve multas. Ha sumado su caso al de Carlos (39 multas, 3.510 euros), Ángel (45 multas, 4.000 euros) o Ángeles (35 multas, 3.150 euros). Algunas de las multas han sido abonadas, otra no porque están tratando de ganar tiempo. "Yo me resisto", contesta Ángela.
Son algunos de los afectados, recopilados por la asociación vecinal La Corrala en cuatro meses, por una situación en la que podrían verse unas 5.000 personas. El problema es que "están empezando a embargar cuentas", han comentado desde la sede de la entidad vecinal, donde han recordado que algo similar "pasó con la APR de Ópera pero ahí esas multas fueron anuladas inmediatamente".
Estos cuatro vecinos han explicado que el anterior Gobierno trabajó en la revocación de los permisos de las APR, que en algunos casos se extendían hasta 2023, al entrar en vigor Madrid Central. Para eso habían redactado unas cartas, una notificación, ya en el mes de abril. En mayo se produce el cambio de Gobierno y la revocación pasa por la Junta de Gobierno presidida por José Luis Martínez-Almeida, el pasado 30 de junio.
Posteriormente se publica en el BOCAM pero en ningún momento se informa a los residentes "porque no tenían todos los datos", "excusa" que les dan y de la que dudan los afectados. De hecho, Carlos ha asegurado que él llamó al 010 para que le confirmasen que su autorización APR seguía vigente y le dijeron que sí. Y además cuenta con tuits, negro sobre blanco, con esta respuesta.
Fuentes de Medio Ambiente y Movilidad, área encabezada por Borja Carabante, han trasladado a Europa Press que el origen de esta desinformación está en el anterior Gobierno, con Manuela Carmena a la cabeza, y que lo que está haciendo ahora el Ejecutivo es aplicar la normativa en vigor.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su vez, ha aseverado que desde el Gobierno municipal se arbitrarán "todos los medios" para solventar los problemas con las multas "injustas" impuestas de forma incorrecta en el perímetro de Madrid Central, algo que han "heredado" del mandato anterior.
"ABUSO", "INJUSTICIA" Y "ESTAFA"
Los vecinos afectados hablan de "abuso cometido por el Ayuntamiento tras poner miles de multas por entrar a Madrid Central por residentes que tienen autorización para ello", de "desinformación" provocada por el Ejecutivo, "injusticia" y "estafa".
Algunos de los afectados han tratado de llegar a una solución con el Ayuntamiento. Solicitaron una reunión con Carabante pero hasta el momento no se ha producido, sí con miembros de su equipo. "Sólo nos dijeron que nos invitaban a que emprendiéramos acciones judiciales, que les haríamos un favor", han reprochado.
"No sabemos cómo esperan que paguemos", han coincidido los cuatro afectados reunidos en rueda de prensa. "Los tribunales no son gratis pero no nos va a quedar otra que ir a ellos", han apuntado.


























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