El PP se querella contra Torra por su "abierta rebeldía frente a la Constitución"

 

Según la querella, "la situación provocada por el querellado produce una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha Comunidad".

 

"La continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como Nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder", considera el PP.

 

FALSA APARIENCIA DE LEGALIDAD

 

En su opinión, "es preciso adoptar las cautelas que procedan para que tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo, generando una falsa apariencia de legalidad en la actuación de quien de manera consciente, deliberada y dolosa se sitúa al margen de la Constitución y manifiesta con absoluta jactancia que pretende continuar hasta el final en tan ilícita conducta, con desprecio absoluto por el cumplimiento de la ley".

 

El partido que preside Pablo Casado es consciente de la "situación paradógica" porque los hechos que denuncia se refieren a la "realización de funciones públicas por quien ha perdido el derecho al cargo que ostentaba, lo cual supondría también la pérdida del aforamiento" ante el TSJC.

 

Pero como Torra sigue ejerciendo el cargo "de forma espuria", explica la querella, el PP entiende que el TSJC "sigue siendo el competente en tanto no se produzca formalmente el cese en el cargo, que el querellado se niega a aceptar".

 

"La usurpación de funciones produce una apariencia de formalidad legal de los actos del querellado que objetamos de modo radical y que es preciso deshacer de inmediato, pero produce el efecto procesal del mantenimiento de su aforamiento, lo que el querellado sin duda no objetará", remarca.

 

APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS Y REUNIÓN CON SÁNCHEZ

 

Tras relatar los pasos dados en el ámbito judicial que han derivado en la retirada del acta de diputado del Parlament a Torra, el PP recuerda en su querella que la pérdida de esta condición "comporta automáticamente el cese como presidente de la comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en el artículo 152.1 de la Constitución Española y el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña".

 

Sin embargo, el PP denuncia que desde entonces, y "aún conociendo tal circunstancia", Torra presidió la reunión del Consejo de Gobierno de la Generalitat que se celebró el pasado 29 de enero y en la que se aprobó el proyecto de Presupuestos de la comunidad. Además, censura que "continúa realizando declaraciones públicas en calidad de presidente 'de facto', como la declaración institucional" del mismo 29 de enero en la que anunció una próxima convocatoria de elecciones autonómicas.

 

Y también remarca el PP en la querella que este jueves, 6 de febrero, está prevista la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Torra, este último "en calidad de presidente de la Generalidad, cargo que no puede ejercer ya legalmente".

 

"Tanto las funciones ejecutivas como las de mera representación, así como las declaraciones públicas que el señor Torra continúa realizando en calidad de presidente 'de facto' de la Generalidad, sin encontrarse legitimado para ello, resultan de una indudable trascendencia política y social, además de nulas, y por tanto ineficaces, desde el punto de vista administrativo, además de su indudable relevancia penal", explica.

 

TAMBIÉN PARA MANTENER EL CARGO

 

Para el PP, estos hechos "bien pueden ser constitutivos de un delito de usurpación de funciones públicas, previsto y penado en el artículo 402 y siguientes del Código Penal, aunque durante la instrucción del procedimiento pudieran determinarse otros más".

 

La querella sostiene que tanto la Constitución como el Estatuto establecen que el presidente de la comunidad ha de ser miembro del Parlamento regional y que, tal y como estableció el Tribunal Constitucional, "los requisitos establecidos para el acceso a un cargo son, salvo que la norma establezca lo contrario, condiciones para su ejercicio".

 

Según el PP, el Parlamento catalán también llegó a esta "misma conclusión", ya que "en recurso al parecer presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo manifiesta" que "el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía establece que el presidente de la Generalidad es elegido por el Parlamento de entre sus miembros" y que "la condición de diputado es, por tanto, requisito necesario para ser presidente de la Generalidad y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolle el cargo".

DESISTIMIENTO DEL GOBIERNO EN SUS OBLIGACIONES

 

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha subrayado que la querella del PP contra Quim Torra por un delito de usurpación de funciones se ha presentado ante "el desistimiento" del Gobierno en "el cumplimiento de sus obligaciones" por no instar al Parlamento catalán su cese y "en algunas ocasiones en connivencia con el acto irregular e ilegal".

 

Al respecto, López ha explicado que la querella se interpone al entender el PP que Torra ha dejado de ser presidente de la Generalitat como consecuencia de perder su condición de diputado tras la resolución del Tribunal Supremo que respalda la decisión de la Junta Electora central de inhabilitarle.

 

"El Estatuto de Cataluña y la Constitución prevén que los presidentes de las comunidades deben ser elegidos entre los diputados del Parlamento de tal manera que la pérdida de la condición de diputado determina la pérdida de la condición de presidente", ha señalado.

 

Por tanto, ha insistido en que "legalmente" está previsto en el Código Penal como un delito de usurpación de funciones, reseñando que se interpone como consecuencia del "desistimiento del Gobierno en el cumplimiento de sus funciones", ya que "debería estar en estos momentos instando" a su cese de Torra y "determinando una nueva sesión de investidura" en el Parlamento catalán.

 

De este modo, ha indicado que el PP se ve "en la obligación" de "defender el Estado de derecho y ante lo que ha considerado una "connivencia en algunas ocasiones" con "el acto irregular e ilegal".

 

"No nos queda más remedio que ejercitar acciones para establecer la legalidad. Es muy mala noticia que el Gobierno no inste al Parlamento catalán a que inicie un proceso de cese y que el presidente del Gobierno le de un marchamo de legitimidad a alguien que no es presidente de la Generalitat reuniéndose con él en su condición de presidente. Es una irresponsabilidad y un acto en el que se está coadyuvando al mantenimiento de una situación ilegal", ha apostillado.