Por la declaración de los jueces contra la ley de amnistía

Sumar provoca el primer choque dentro del Gobierno al querellarse contra el CGPJ

El ministro de Presidencia y Justicia se desmarca de la denuncia y dice que quiere "tender puentes"

Sumar ha provocado el primer encontronazo dentro del Gobierno al interponer una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión", en la función legislativa del Congreso, por propiciar la declaración institucional contra la Ley de Amnistía. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños se ha desmarcado de la querella.

 

Bolaños se desmarca de la denuncia y dice que quiere "tender puentes" en esta nueva etapa en la que está al frente de la cartera de Justicia.

 

Además ha afirmado que como nuevo titular de este departamento hará "el mayor esfuerzo posible" para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años con el mandato caducado y lo hará con el "máximo diálogo". Bolaños ha respondido de este modo al ser cuestionado sobre si se plantea cambiar la ley para acometer esta renovación en caso de que persista la negativa del PP a pactar el recambio de los vocales.

 

Sumar anunció este viernes la querella ante el Tribunal Supremo contra Guilarte y los vocales conservadores del organismo.

 

Bolaños, que este mismo viernes se reunía con Guilarte, ha dejado claro que esa querella es una decisión de una fuerza política "que no es el PSOE", a pesar de que se trata del socio minoritario del Gobierno de coalición.

 

Lo que le gustaría a Bolaños, según ha expresado, es resolver las cuestiones pendientes "con diálogo" y ha insistido en que ahora hay un nuevo Gobierno un nuevo ministro y por tanto se abre una nueva etapa. Así, ha asegurado que dedicará todo su esfuerzo a "tender puentes de entendimiento con el Consejo General de Poder Judicial".

 

En esta misma línea ha sostenido que su objetivo es que el CGPJ "recupere su prestigio" y "devolverle la normalidad institucional que nunca debió perder", según ha indicado. Bolaños ha insistido en que si la situación actual persiste, se está haciendo "daño" a la justicia y por lo tanto al país.

 

"Voy a hacer el mayor esfuerzo posible por mi parte con el máximo diálogo y el máximo respeto con todos los profesionales de la justicia para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que recupere la normalidad institucional y su prestigio. Esa va a ser la política que voy a llevar a cabo en los próximos años", ha zanjado.

 

LA DENUNCIA DE SUMAR

 

Concretamente, la denuncia del grupo parlamentario, a la que ha tenido acceso Europa Press, acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ.

 

Y se dirige contra sus ocho promotores, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.

 

También contra Wenceslao Olea --que votó a favor-- y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.

 

De hecho, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.

 

Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.

 

ACUSARON AL PRESIDENTE DE CONDUCTAS GRAVÍSIMAS

 

Concretamente, la querella alude a la aprobación el pasado 6 de noviembre en sesión plenaria de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía que negociaban entonces PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, alertando de que su aplicación supondría la "abolición" del Estado de Derecho.

 

Sumar pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.

 

"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.

 

LOS VOCALES SE EXTRALIMITARON PESE A SER AUTORIDAD INSTITUCIONAL

 

El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.

 

Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la "conducta de otra autoridad del Estado" (en este caso el presidente), acuerdos políticos o "futuribles" normas.

 

Por otro lado, Sumar destaca que es "ineludible" que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los "intereses generales" emitiendo una "resolución definitiva" y no puede considerarse como un "acto político".

 

GUILARTE SE DESMARCÓ Y UN VOCAL ADVIRTIÓ DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES

 

Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente que era "improcedente" e "ilegal", y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración.

 

E incluso argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.