Avanza la negociación con Junts para un acuerdo de investidura  

El PSOE cede en todo ante Puigdemont y acepta incluir en la amnistía al clan Pujol

PSOE y Junts avanzan en la negociación de un acuerdo de investidura en Bruselas, que incluye una ley de amnistía en la que finalmente estarán incluidos responsables no relacionados directamente con el proceso independentista, como el clan de los Pujol, según fuentes de la negociación.

 

Los miembros de la permanente de Junts se han desplazado a la capital belga para reunirse de nuevo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con el objetivo de avanzar en las negociaciones con el PSOE para un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez.

 

También ha viajado a la capital belga el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque fuentes socialistas han confirmado que no se ha reunido de forma presencial con los miembros de Junts, aunque eso no ha evitado que la negociación avance "poco a poco" mientras los asesores jurídicos de uno y otro partido revisan los tecnicismos del texto.

 

Las mismas fuentes señalan que eso hace que el proceso se "dilate" en el tiempo y evitan hacer estimaciones de la previsión de cierre de un posible acuerdo.

 

En la misma línea, fuentes de Junts señalan que están intercambiando documentos con el PSOE sobre la ley de amnistía para "afinar" y que no quede nada suelto, según trasladan.

 

Por otro lado fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que el PSOE ha aceptado que la amnistía incluya a responsables no relacionados directamente con el proceso independentista, sin concretar los casos y nombres que podría cubrir-

 

Junts pedía que la amnistía incluyera a los afectados por el caso 'Volhov' (presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista) y casos enmarcados en 'lawfare'.

 

Uno de los afectados por 'Volhov' es el jefe de la oficina del expresidente Puigdemont y su mano derecha, Josep Lluís Alay, y Junts también quiere que la amnistía incluya otros nombres, como el de su abogado, Gonzalo Boye; el exconseller de la Generalitat Miquel Buch y la propia Borràs.

 

EXIGENCIA DE BOYÉ

 

Precisamente, Gonzalo Boye, el abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, ha sostenido a través de sus redes sociales que "el 'lawfare' debe entrar en la ley de amnistía, "no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España", un movimiento que le beneficiaría a él personalmente.

 

Así se ha expresado en X en plenas negociaciones entre Junts y PSOE para cerrar el acuerdo que permitirá una nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

 

Cabe recordar que el PSOE ya firmó el pasado jueves un acuerdo con ERC --que incluye una ley de amnistía aún no detallada-- y, aunque ese mismo día se esperaba también el acuerdo con Junts, no pudo ser y los negociadores seguían reunidos este lunes en Bruselas.

 

Con el término 'lawfare' o 'guerra judicial' los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.

 

Como víctimas de este 'lawfare' señalan al propio Boye, el clan Pujol o a la presidenta de Junts, Laura Borràs. Sin embargo, este mismo lunes el portavoz de los comuns, Joan Mena, ha rechazado que el caso de Borràs, pueda incluirse en la ley de amnistía.

 

CONDENADOS, ENCAUSADOS E IMPUTADOS

 

La Audiencia Nacional ha enviado a juicio a Boye por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como 'Sito Miñanco', por su presunta implicación en la 'Operación Mito'. Antidroga le pide 9 años y 9 meses de cárcel.

 

Por su parte, el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus hijos también están a la espera de juicio en la Audiencia Nacional por el presunto origen ilegal del patrimonio familiar. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el ex president y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

 

En cuanto a Borràs, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

 

AMNISTÍA TAMBIÉN PARA EL JEFE DE LA OFICINA DE PUIGDEMONT

 

En el universo de posibles beneficiados, si se acepta la teoría del 'lawfare', estaría Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, por el 'caso Voloh', donde se investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al 'procés'.