Stop Desahucios llama a evitar el desalojo de 17 familias de un edificio 'okupado'

 

"Insiste en dejar en la calle a 48 personas, entre ellas 18 menores", han indicado desde la plataforma, que añade que algunos de los miembros de las 17 familias que se encuentran en el edificio están enfermas o tienen discapacidad reconocida.

 

Aunque el desalojo está programado para el lunes a primera hora de la mañana, piden que se haga permanencia desde el 16 de julio a las 23 horas. "Para evitarlo necesitamos ser muchas. Llamamos a todas las personas que puedan a venir a impedirlo. No podemos permitir que nos quiten la Dignidad", han recalcado.

 

En un vídeo, que han movido por redes sociales, piden que se le acompañe desde el domingo "en esta pelea contra los fondos buitres", contra el "abandono institucional", contra la "mercantilización de los derechos humanos" y "por el derecho de todas las personas a una vivienda digna y adecuada"

 

ANTECEDENTES

 

El primer intento de desahucio, que iba a tener lugar el 26 de mayo pasado después de que el edificio fuera subastado, fue aplazado debido a la huelga de funcionarios de Justicia, pese a que se había notificado la orden de desalojo a las, por entonces, 18 familias vulnerables que quedaban en el edificio.

 

Fue en mayo de 2014 cuando la plataforma Stop Desahucios Móstoles "recuperó" este espacio "abandonado" para alojar a personas en situación de vulnerabilidad habitacional; y desde el mismo día de su 'okupación' "se ha tratado de negociar un alquiler social con la propiedad del edificio", señalaron entonces.

 

Los propietarios anteriores era una empresa constructora que entró en concurso de acreedores, finalmente fue liquidada y sus propiedades, entre las que se encontraba el edificio de 'La Dignidad', fueron subastadas y adquiridas por un fondo de inversiones; que a su vez habría contratado los servicios de una empresa dedicada a la recuperación de inmuebles, "y que se sospecha que fue la responsable de intentar realizar un desalojo ilegal el pasado 26 de febrero".

 

En su día, el Ayuntamiento de la localidad aseguró que se "ha hecho todo lo que está en nuestra mano para ayudar a estas familias" que están viviendo en un "edificio privado 'okupado'".

 

En este sentido, explicaron que, desde los Servicios Sociales, entre otros, se les dio asesoramiento para que pudiesen justificar sus situaciones de vulnerabilidad en caso de que las hubiera, ante el juez y como marca la ley.