De esta forma, el texto de los morados plantea castigar a personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, "hostiguen, acosen, discriminen o intimiden" a personas en situación de vulnerabilidad, para lo cual se crearía un nuevo tipo penal que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa.
El coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha informado en el Congreso del registro oficial de la iniciativa y ha defendido que en democracia "no se puede permitir" que haya grupos que actúen "al margen de la ley" como "grupos parapoliciales", actuando contra personas vulnerables y ganando dinero con ello.
"Con esta reforma queremos poner coto a esta situación, especialmente ante actuaciones como Desokupa (...) Con esta reforma sus miembros acabarían en la cárcel", ha desgranado.
Respecto a la posición de la ministra de Hacienda y dirigente socialista, María Jesús Montero, que se ha desvinculado de esta iniciativa, Sánchez Serna ha replicado que "cualquier demócrata" debe ser conscientes del "peligro que supone" organizaciones como Desokupa.
"Los demócratas deben actuar no podemos ver que se repitan escenas como ocurría en Italia con los 'camisas pardas' o con la 'SS' en Alemania"., ha remachado el diputado del grupo confederal
El planteamiento de Unidas Podemos demanda elevar el reproche penal y relacionar la actividad de Desokupa con elementos ya tipificados de los delitos de odio y coacciones.
En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a quienes, con "ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines".
Además de la disolución de estas sociedades, se bloquearía su acceso a internet y pasarían a considerarse asociaciones ilícitas, por lo que podrían ser perseguidas e imponerse a sus integrantes las correspondientes penas.
BELARRA DICE QUE EXTIENDEN EL ODIO A LA POBREZA
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, avanzó el miércoles esta iniciativa desde el argumento de que empresas como Desokupa suponen un "problema de seguridad", son un "germen de un comando parapolicial" y extienden la "aporafobia" (odio a la pobreza). "Vamos a perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables", lanzó.
EL PP URGE A DESALOJAR A UN GOBIERNO QUE ATENTA CONTRA LOS PROPIETARIOS
El portavoz del PP, Borja Sémper ha considerado un "despropósito" que España tenga un gobierno que "favorece a quienes ocupan las viviendas de manera ilegal antes que a los propietarios".
"Esto es un despropósito que no sucede en los países de nuestro en torno y sucede en otros países que están al otro lado del Atlántico", ha expresado mirando hacia Latinoamérica de forma velada. Así, ha vuelto a apelar a la "necesidad" de un cambio de gobierno frente a un Gobierno que "favorece a los delincuentes que ocupan" viviendas.
En declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, Sémper ha enfatizado que "no es una buena medida y, como ha quedado demostrado y evidenciado, no es una opinión, esto es un hecho científico, son datos", ha incidido, sobre la nueva Ley de Vivienda y las consecuencias que los populares han augurado en el mercado inmobiliario.
Tras el anuncio de la líder de Podemos, Ione Belarra, sobre las empresas que se dedican a la 'desocupación', el dirigente popular ha apelado a que los datos dicen que, "cuanto menos se protege al propietario, que es quien hace "esfuerzo" al "destinar los ahorros de su vida" a un inmueble, pues "el resultado es negativo".
Al respecto, ha remarcado que "no es negativo para los grandes patrimonios", sino que "afecta directamente a las rentas medias, al pequeño ahorrador" y "a quienes a lo largo de la vida han atesorado un pequeño patrimonio que lo han destinado a una vivienda". "Pues oye, cada uno hace lo que quiere con ella, ¿no?", ha lanzado.
Borja Sémper ha defendido que muchas personas "aprovechan para que esa vivienda y su renta les permita llegar a fin de mes, otros la guardan para sus hijos", una situación que, insistió, responde a "la vida cotidiana en lo que es España".
Así las cosas, el dirigente popular ha insistido en que este Gobierno, "independientemente de qué ala" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, vuelve a "desvíar la atención, se equivoca profundamente y perjudica a las clases medias y a los ciudadanos normales".
Y es por ello que ha vuelto a apelar a la "necesidad de derogar el Sanchismo", porque "también en estas cosas" es preciso que "vuelva la sensatez de gestión y para que vuelva otra vez un Gobierno que no se dedique a "favorecer a los delincuentes y a quienes cometen ilegalidades ocupando pisos".
En su intervención, ha defendido la necesidad de apoyar a las personas vulnerables pero "respetar también a los propietarios", porque aquí "no se trata de hablar de familias vulnerables". "No se puede hacer política social a costa del patrimonio de los ciudadanos", ha remachado en sus declaraciones.
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