El PP pide a Llop que aclare si cambiará el delito de malversación

 

En concreto, ha sido el portavoz 'popular' en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, quien ha registrado esta pregunta para titular del ramo.

 

La Comisión Europea ha planteado una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la UE, una propuesta que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación, tras la modificación acometida en virtud de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC y que ha rebajado las penas para ciertos casos.

 

LA ÚLTIMA REFORMA, EN VIGOR DESDE ENERO

 

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro" cuando la autoridad o funcionario público "se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".

 

Además, creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas", con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

 

Y un segundo tipo para "la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado", sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

 

En el PP interpretan que la propuesta de la UE deja claro que el Gobierno mintió cuando argumentó que el objetivo de la última reforma de la malversación era homologar la legislación española con la comunitaria. Ahora el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido los votos de su partido para cambiar el Código Penal en la línea propuesta por Bruselas y a avanzado que si el PSOE no acepta lo cambiará él cuando llegue a Moncloa.

 

Sin embargo, el Gobierno sostiene que la propuesta de la Comisión Europea persigue el mismo objetivo con el que se reformó este delito en diciembre. Según la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, España es un país "cumplidor" con las directrices comunitarias y colaborará también en esta ocasión.