La ley fue aprobada en Consejo de Ministros y hasta hace una semana Pedro Sánchez aún la defendía en público llegando a decir que sería imitada por otros países. ¿Qué ha pasado para que de la noche a la mañana haya cambiado el discurso y el PSOE anuncie que -con o sin el apoyo de Podemos- va a presentar en breve una proposición de ley para cambiar la norma? ¿Un ataque de cordura ante la evidencia de los efectos perversos que estaba provocando? ¿Un ataque de pánico ante la alarma social que están provocando las excarcelaciones y las reducciones de condenas? Por ahí va la cosa. Alarma, sí, pero "alarma electoral".
En la dirección del PSOE manejan encuestas en las que se refleja una caída del apoyo al partido atribuida directamente al escándalo social que está provocando la ley. Rechazo significativo. Superior al del que venían arrastrando por el impacto en la opinión pública de la reforma del Código Penal y la rebaja de las penas por malversación para favorecer a los golpistas del "procés", socios parlamentarios del Gobierno. Faltan poco más de cien días para las elecciones locales y regionales del 28 de mayo y tanto en Moncloa como en Ferraz se han encendido las alarmas porque no se fían de la cocina del CIS que dirige Tezanos. El ofrecimiento de Alberto Núñez Feijóo para ofrecer el apoyo del PP para cambiar la ley caso de que Podemos se negara a retirarla ha sido un toque sibilino.
Sánchez, que puede decir hoy una cosa y mañana su contraria, dice ahora que quiere cambiar la ley que defendía hasta hace una semana porque están viendo las orejas del lobo en las encuestas. No la van a cambiar por la alarma social que provocan las excarcelaciones de violadores: es que los sondeos pintan mal a tres meses de las elecciones. En esas manos estamos.
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