Y, ahora, ¿qué?

Lo que ha sufrido es un retraso en su agenda de pagos políticos a los separatistas catalanes porque en el paquete de leyes aprobadas en el Congreso también iba la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación que, como se sabe, aparejan condenas de inhabilitación. Iba todo junto y por el procedimiento de urgencia para evitar el debate parlamentario hurtando a la oposición su papel de control.

 

Ahora, a partir de la decisión del TC, en buena ley tendría que debatir con focos y taquígrafos y de manera separada explicando el porqué y a cambio de qué está impulsando una suerte de amnistía encubierta para una veintena de dirigentes separatistas pendientes de juicio por su participación en el "procés". Con Oriol Junqueras como gran beneficiado, pero también Carles Puigdemont, el prófugo que quizá esté barruntando volver a España tras acogerse a los cambios legales promovidos por Pedro Sánchez.

 

Ya digo que el Gobierno, tras la decisión del TC, podría optar por presentar al Parlamento un proyecto de ley para reformar ambas leyes. En ese caso habría debate y aunque no fueran vinculantes serían preceptivos los informes del CGPJ, el Consejo de Estado y el de la Fiscalía. Podría, pero no lo hará y optará por repetir la jugada optando por una proposición de ley a presentar por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos.

 

Sabiendo que en Pedro Sánchez se manifiesta siempre una componente de arrogancia -por no hablar de chulería política- no hay que descartar que lo vuelva a intentar sacando adelante por la vía de urgencia las reformas del Código Penal sobre las que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado (rebaja de la malversación y supresión del delito de sedición) celebrando pleno en el Congreso durante el mes de enero rompiendo la costumbre de las vacaciones parlamentarias. Sánchez siempre dobla la apuesta y ahora, tras hacer suyo el lenguaje de Podemos contra las togas, más todavía. Atentos pues a la pantalla.