Feijóo promete revertir "todas las medidas que desprotejan al Estado" - 'Génova' no se callará ante lo que considera una "deriva autoritaria" 

El PP denunciará ante la UE el "asalto" de Sánchez al poder judicial

Gamarra cree demostrado que tenían razón en la ruptura de la negociación del CGPJ: "Queríamos despolitizar y Sánchez lo contrario"

El PP denunciará ante la Unión Europa y el Tribunal Constitucional las últimas reformas penales promovidas por los partidos del Gobierno, tanto los cambios para facilitar "el asalto" al TC como las realizadas "al dictado" de los independentistas catalanes para beneficiar a los procesados y condenados por el referéndum ilegal de 2017. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, derogará "todas las medidas que desprotejan al Estado" y volverá a tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción. 

 

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, señala que estas leyes no son propias de legisladores, sino que han convertido el Parlamento en un "mercadeo" por la vía de la "tramitación exprés" para que Pedro Sánchez vea aprobados sus Presupuestos Generales y pueda seguir en el Palacio de la Moncloa.

 

"Estamos aquí, en mitad de un puente, entre polvorones y villancicos, viendo que Sánchez es capaz de cualquier cosa --ha comentado en rueda de prensa en el Congreso--. Toman por tontos a los españoles".

 

DERECHO PENAL DE AUTOR, AL DICTADO DE ERC

 

En rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha reiterado que la supresión del delito de sedición y la previsible reforma del delito de malversación buscan beneficiar a los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y que rebajar las mayorías en el CGPJ para forzar la renovación del TC pretende tomar el mando del tribunal de garantías incorporando a los dos candidatos del Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez

 

A su juicio, son reformas para "entregar el Código Penal a aquellos de quienes dependen y copar el TC con quienes han sido ministros o asesores en Moncloa". "Despenalizar los delitos contra el orden constitucional para beneficiar a personas con nombres y apellidos. Es un derecho penal de autor, reformas que se escriben al dictado --ha afirmado--. Es un claro fraude de ley".

 

Gamarra cree que todas estas medidas dan la razón al PP cuando se rompió la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque ellos buscaban avanzar en la despolitización de la Justicia y en cambio Pedro Sánchez "va en sentido contrario".

 

"Asistimos a la materialización del asalto al Estado de Derecho y las instituciones del Estado --insiste--. Lo que hay detrás es la ausencia de límites por parte de Pedro Sánchez, no tiene ninguno con tal de permanecer en el poder".

 

Frente a esa situación, ha querido dejar claro que el PP no se va a "quedar callado", que presentarán los recursos que procedan ante el TC, cuando la norma salga de las Cortes, y que denunciarán ante la Unión Europea "la toma de las instituciones", además de comprometerse a derogar todas estas reformas cuando lleguen al Gobierno.

 

LA "CORTINA DE HUMO" DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

 

Gamarra recuerda que la Unión Europea ya frenó el intento del Gobierno de rebajar las mayorías necesarias para elegir al CGPJ y espera que, en virtud de lo que establece la Convención de Venecia, ahora recalque que en España debe defenderse el Estado de derecho y la separación de poderes.

 

Por último, la dirigente del PP ha desdeñado el nuevo delito de enriquecimiento ilícito que PSOE y Podemos van a añadir a su reforma penal, pues considera que eso ya se castiga desde las leyes anticorrupción de 2015 y porque cree que sólo es una "cortina de humo" y "una excusa" para tratar de tapar la rebaja de la malversación en favor de los independentistas.

 

"El PSOE lo que está haciendo es debilitar la lucha contra la corrupción y está haciendo impunes a quienes rompieron el orden constitucional en 2017 --ha remachado--. Aquí se busca beneficiar a los socios del Gobierno y lo demás son fuegos de artificio".

 

NO SOLO ES CORRUPCIÓN EL BENEFICIO PERSONAL

 

Además, se ha quejado de que ahora se quiera dar la impresión de que sólo es corrupción cuando hay un beneficio personal, pero en su opinión también es corrupción desviar fondos públicos para otros fines porque supone beneficiarse políticamente de esos recursos.

 

Según ha explicado, el PP también presentara enmiendas a la proposición de ley del PSOE y de Unidad Podemos, pero en su caso van dirigidas a mantener el delito de sedición, tipificar el de referéndum ilegal y castigar con prisión permanente a los condenados por asesinato que oculten el cadáver.

 

FEIJÓO CRITICA EL ATAQUE A LAS INSTITUCIONES

 

Feijóo ha cargado contra las últimas reformas del Código Penal planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tienen que ver con las mayorías para el Tribunal Constitucional, la malversación y la sedición.

 

Así ha reaccionado Feijóo a través de Twitter a las enmiendas que han anunciado estos últimos días los grupos, entre ellos el PSOE y ERC, a la reforma del Código Penal que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados.

 

ASUSTA

 

Según el líder del PP, el Gobierno "ha recrudecido contrarreloj sus ataques a las instituciones y al Estado de derecho". "Asusta pensar hasta dónde puede llegar Sánchez en un final de año en el que todo vale", ha añadido.

 

Por ello, ha asegurado que desde 'Génova' no se quedarán "callados" ante lo que consideran que es una "deriva autoritaria". En este contexto, ha adelantado que presentarán los recursos de inconstitucionalidad que procedan y denunciarán "la toma de instituciones" ante la Unión Europea.

 

Además, ha anunciado que derogarán "todas aquellas medidas que desprotejan al Estado" y volverán a tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción.

 

En concreto, los socialistas quieren aprovechar la reforma del Código Penal que pondrá fin al delito de sedición para tipificar el delito de "enriquecimiento ilícito", que castigará con entre seis meses y tres años de cárcel y con inhabilitación de entre dos y siete años a los cargos públicos que hasta cinco años después de abandonar su puesto incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar.