Asociación por la Reconciliación se querella contra la delegada del Gobierno en Madrid

 

Así consta en un auto fechado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, por el que el juez incoa diligencias previas al admitir a trámite la querella y cita a la delegada del Gobierno en Madrid el próximo 13 de enero a las 11.30 horas.

 

La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se interpuso debido a que Mercedes González autorizó el pasado julio la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica cuando había reubicado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

 

En la resolución, el juez expone que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

 

El pasado 13 de julio, como estaba previsto, "la asociación convocante acudió, en el ejercicio legítimo de su derecho de reunión, junto a ciudadanos convocados, asistieron a la concentración, que debía desarrollarse frente al Congreso de los Diputados, al ser un sitio de especial visibilidad y, en definitiva, por ser el sitio en el que se había acordado celebrar la concentración".

 

A pesar de ello, según la querella, en el momento de la celebración de la concentración, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informaron al Presidente de la Asociación querellante que la misma debía celebrarse más abajo, concretamente unos metros más abajo del Congreso, en la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas".

 

"El día 14 de julio, es decir, un día más tarde de la concentración convocada por la asociación querellante, la delegación gubernamental tomó conocimiento de otra concentración de una asociación que defendía la nueva Ley de Memoria Democrática y que se celebró, sin ninguna limitación ni restricción, en la zona peatonal de las Cortes, justo enfrente del Congreso de los Diputados (lugar, cabe recordar, donde se debería haber celebrado la de la Asociación querellante", expone el texto.

 

Los querellantes denuncian que "en función del signo político de la asociación convocante, se produce una diferenciación, sin base legal alguna, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión".