La malversación apareja pena de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y ahí es donde se explica el porqué de esta nueva vuelta de tuerca que retuerce el actual ordenamiento legal porque Junqueras, el cabeza de los sediciosos y líder de ERC, no oculta su intención de presentarse a las próxima elecciones. De hecho mantiene a su vicario, Pere Aragonés, calentándole la silla en la presidencia de la "Generalitat".
Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a saltar por encima de cuantas líneas políticas de fondo se había comprometido a respetar. Tras señalar que lo acaecido en Cataluña era un acto de rebelión y tras prometer que haría cumplir íntegramente las penas a los condenados, ahora justifica los indultos y las rehabilitaciones en la idea de consolidar el bloque de las alianzas parlamentarias que le han permitido mantenerse al frente del Gobierno pese a la precariedad parlamentaria del PSOE.
Falta un año para las elecciones generales que a este paso se perfilan trascendentales -constituyentes, incluso-, porque los aliados de Sánchez: Podemos, ERC, Bildu, defienden un proyecto rupturista. Son enemigos declarados del actual sistema político cuya base legal se asienta sobre la Constitución.
La debilidad parlamentaria del PSOE y la falta de escrúpulos políticos del presidente del Gobierno invita a pensar que las concesiones a los separatistas se irán sucediendo a medida que nos aproximemos a la cita con las urnas. Ahora ERC reclama una amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ambos supuestos serían abiertamente anticonstitucionales. Todavía no hemos llegado ahí, pero ese horizonte arroja algo de luz sobre las maniobras para colocar a determinados magistrados en el Tribunal Constitucional. Atentos a la pantalla porque, visto lo visto y con Sánchez al volante, nunca se sabe hasta dónde pueden llegar las cosas .
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